El canciller de Bolivia, Rogelio Maya, informó este jueves que su despacho estaba en contacto con autoridades de Estados Unidos y compartieron información antes de la detención del exministro de Gobierno Arturo Murillo, acusado de lavado de dinero y soborno en aquel país.
«Durante los últimos días hemos estado teniendo comunicación, precisamente con el gobierno de los Estados Unidos, a propósito del proceso que se ha iniciado y las detenciones que se iban a realizar. Hemos estado en comunicación constante y valoramos esa situación porque es parte del proceso de construcción mutua al que nos habíamos comprometido recíprocamente», informó a los periodistas.
Mayta explicó que esa relación es parte del restablecimiento de la confianza entre Estados Unidos y Bolivia, que demuestra la mejora de las relaciones entre ambos Estados.
El Buró Federal de Investigaciones (FBI) investigó las transacciones económicas y los sobornos del negociado de $us 2,3 millones en la compra de material antidisturbios en 2019. Murillo y otras cuatro personas detenidas en Florida son acusados de los delitos de sobornos y plan de lavado de dinero. De ser declarados culpables, se exponen a una condena de 20 años.
La investigación del FBI apunta a que desde los ministerios de Gobierno y de Defensa, en el gobierno transitorio de Jeanine Áñez, se dirigió la adjudicación para la empresa Bravo Tactical Solutions (BTS), que presuntamente pagó los sobornos.
En enero, la Fiscalía había informado que Murillo y el exministro de Defensa Luis Fernando López estaban en Estados Unidos. Ambos son procesados en Bolivia por el sobreprecio en la compra de los materiales antidisturbios para la Policía y las Fuerzas Armadas, adquiridos en $us 5,6 millones
Mayta aclaró que para solicitar un proceso de extradición deben avanzar los procesos judiciales iniciados contra Murillo y otras exautoridades en Estados Unidos y en Bolivia.
Explicó que en Bolivia la extradición debe ser solicitada por una autoridad judicial pertinente y la Cancillería canalizaría esa solicitud; sin embargo, a la fecha —dijo— el Ministerio de Relaciones Exteriores no recibió ninguna solicitud para iniciar ese procedimiento.
«Hasta este momento a la Cancillería no ha llegado ningún requerimiento de alguna autoridad judicial para que pueda procederse a presentar una solicitud de extradición por parte del estado boliviano», sostuvo.
La mañana de este jueves, el fiscal general, Juan Lanchipa, adelantó que el Ministerio Público ya inició los trámites de extradición de Murillo, en el marco de las investigaciones locales sobre la presunta vinculación del exministro en la compra con sobreprecio de material antidisturbios.
El fiscal también informó que su despacho solicitará el congelamiento de cuentas de Murillo y tramitará la eventual repatriación de recursos del Estado. Conforme con la actuación judicial en Estados Unidos, dijo que la detención del exministro legitima las acciones del Ministerio Público en el caso que investiga.
