En un nuevo allanamiento, este viernes, la Policía Boliviana halló armas en la casa del exministro de Gobierno Arturo Murillo en Tiquipaya, Cochabamba. Además, el jueves fueron encontrados documentos “de relación bancaria” entre el exministro y la esposa de su otrora jefe de gabinete, Sergio Méndez.
La información fue ofrecida a La Razón por el comandante de la Policía Boliviana, coronel Jhonny Aguilera, quien dijo que para este viernes están previstos otros dos operativos en La Paz y Cochabamba.
Encontramos “armas de fuego y documentación que será analizada, además de mucha información bancaria”, dijo el jefe policial, quien, debido a la premura, prometió que conocerá más detalles una vez analizados los materiales.
Consultado sobre las armas son de reglamento o que Murillo pudo registrarlas, Aguilera dijo que eso está pendiente de pericias. “Todavía no sabemos si están registradas, pero hay una SIG Sauer y otras que en manos de un civil no tendrían por qué estar; la Ley 400 establece que (puede ser inscrita por un civil) a no ser que puede existir un riesgo”, explicó.
El jueves, el Ministerio Público y la Policía Boliviana desarrollaron seis allanamientos en Santa Cruz y Cochabamba. El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, informó que los operativos continuarán este viernes.
Aguilera dijo a este diario que en uno de los allanamientos, en la casa de Méndez, detenido ahora en Estados Unidos por haber recibido un soborno de $us 582.000 de parte de una empresa que se adjudicó la provisión de material antidisturbios al gobierno de Jeanine Áñez, las autoridades hallaron “documentos de relación bancaria entre Murillo y la esposa de Méndez”.
Lo que tenemos que hacer “es confirmar la relación ilícita que han sostenido estos sujetos, porque no habría razón para que en la casa de uno de ellos haya esa información precisamente sobre entidades financieras”, dijo el jefe policial.
Murillo fue detenido como consecuencia de una investigación del Buró Federal de Investigaciones (FBI) sobre transferencias irregulares de Méndez en Estados Unidos. Es acusado de sobornos y lavado de dinero en la compra de material antimotín a través de un intermediario y pagos y transacciones en Bolivia y el país del norte.
Bolivia pagó $us 5,6 millones por compra de gases lacrimógenos y estopines a través de la intermediaria Bravo Tactical Solutions (BTS). Se presume que el sobreprecio fue de $us 2,3 millones, fondos que sirvieron para sobornos.
