La Fiscalía envió a la Conferencia Episcopal de Boliviana (CEB) un cuestionario con preguntas orientadas a conocer su accionar antes, durante y después de la toma del poder por parte de Jeanine Áñez en noviembre de 2019.
El presidente de la CEB, Ricardo Centellas, informó del requerimiento fiscal y ratificó que los representantes de la Iglesia Católica en esas reuniones solo actuaron en función de la posición institucional de “defensa de la vida y los intereses comunes del país”.
“Recibimos un requerimiento Fiscal, significa responder unas cuantas preguntas con relación a la labor de pacificación que la Iglesia hizo desde octubre de 2019 más o menos hasta enero o febrero del 2020”, informó a radio Fides.
Parte de la jerarquía de la Iglesia Católica participó de las reuniones en ambientes de la Universidad Católica Boliviana (UCB) para buscar salidas a la crisis desatada tras la renuncia de Evo Morales y de la cadena de sucesión por la violencia ejercida en su contra y de sus familiares.
Morales dimitió en medio de denuncias de fraude electoral, protestas cívicas, motín policial y “sugerencia” militar de renuncia. En las reuniones se definió que Áñez asuma el poder, según reveló el exrector de la UMSA Waldo Albarracín, parte de esas reuniones.
En un comunicado de marzo, la CEB aseguró que “el objetivo de aquel encuentro era buscar consensos para la pacificación y la gobernabilidad, mediante el diálogo, ante el vacío de poder y la violencia en las calles, creados por la renuncia del expresidente Evo Morales y las demás autoridades del MAS, en toda la línea de sucesión constitucional, sucedida el 10 de noviembre”.
