Con la citación del excomandante General de la Policía Rodolfo Montero y otros tres policías a declarar, las autoridades investigan los tentáculos del exministro de Gobierno Arturo Murillo —detenido en Estados Unidos por presunto lavado de dinero y soborno— en la institución.
El comandante general de la Policía Boliviana, coronel Jhonny Aguilera, informó ayer a La Razón que se ha solicitado “declaraciones testificales” de parte de Montero; del exdirector nacional Administrativo del Comando General, coronel Rubén Pastor Gemio; del jefe del Departamento Nacional de Armamento y Equipo, mayor William Eduardo Fernández, y del encargado del Almacenes de Agentes Químicos DNAE, el sargento Juan Mario Serrano.
“Existen otros actores que tendrían relación o vínculo con el proceso de contratación (…), desde el sargento que hace las especificaciones técnicas hasta el comandante de la Policía Boliviana de ese entonces”, explicó Aguilera a este diario.
Horas antes, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, informó que se investigan a al menos 19 personas que participaron en el proceso de adquisición de los gases lacrimógenos.
Aguilera detalló que entre los investigados están exfuncionarios administrativos de los ministerios de Gobierno y de Defensa, además de efectivos policiales. Reveló que algunos “huyeron del país días antes de que haya un cambio de gobierno”.
“Muchos de ellos han sido citados, otros tienen alerta migratoria y parte de esos salió días antes de que el gobierno sea cambiado”, insistió.
Propiciada por el Ministerio Público, la Policía allanó entre el jueves y el viernes siete propiedades de los implicados en el caso Murillo; otras tres no pudieron ser intervenidas.
En la casa de Murillo en Tiquipaya halló “tres vehículos, documentos y un arma de fuego marca SIG Sawer con tres cargadores y 23 proyectiles repartidos en los mismos. También había cajas de armas de fuego de distintas marcas vacías”.
“No sabemos si están registradas, pero hay una SIG Sauer y otras que en manos de un civil no tendrían por qué estar; la Ley 400 establece que (puede ser inscrita por un civil) a no ser que puede existir un riesgo”, dijo Aguilera.
Y el jueves, en casa del brazo derecho de Murillo, Sergio Méndez, fueron encontrados documentos “de relación bancaria” entre el exministro y la esposa de su otrora jefe de gabinete.
Ayer, las autoridades no lograron ingresas en las propiedades de La Recoleta, Muyurina y Cala Cala debido a datos imprecisos de la orden de allanamiento, aunque la última fue precintada. En ésta también arrestaron a Giovani F. T., “por estorbar el ejercicio de las funciones de las autoridades”, al tratar de impedir su ingreso.
Murillo fue detenido por una investigación del Departamento de Seguridad Nacional sobre transferencias irregulares de Méndez en Estados Unidos, acusado de sobornos y lavado de dinero en la compra de material antimotín por el que Bolivia pagó $us 5,6 millones a Bravo Tactical Solutions (BTS), con sobreprecio de $us 2,3 millones.
