Las “masacres” de Sacaba y Senkata, en 2019; la compra con sobreprecio de material antidisturbios y el caso “golpe de Estado” tocan al núcleo duro del gobierno transitorio de Jeanine Áñez. Otros casos también apuntan al círculo de la exsenadora.
La detención del exministro de Gobierno Arturo Murillo en Estados Unidos ha removido los procesos contra la exmandataria —detenida ahora en la cárcel de Miraflores de La Paz por el caso “golpe de Estado”— y sus otrora colaboradores cercanos.
En el caso de las “masacres” de Sacaba, el 15 de noviembre de 2019, y de Senkata, el 19 de ese mismo mes, la Asamblea Legislativa aprobó el 30 de octubre de 2020 una resolución de su Comisión Mixta para sugerir la instauración de un juicio de responsabilidades por el caso contra Áñez y juicios ordinarios contra los ministros de su primer gabinete.
Áñez fue denunciada por genocidio y asesinato, y, como sus ministros, por resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, e incumplimiento de deberes.
El 14 de noviembre de 2019, la entonces mandataria promulgó el Decreto Supremo 4078, cuyo fin era liberar de eventuales procesos penales a militares y policías en caso de una intervención conjunta de movilizaciones que esa vez arreciaban. Una veintena de manifestantes fallecieron con impacto de bala en esos sucesos luctuosos, que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) calificó de “masacres”.
Firmaron el decreto —cuestionado en el país y en la comunidad internacional— Áñez y los otrora ministros Karen Longaric, Jerjes Justiniano, Arturo Murillo, Luis Fernando López, José Luis Parada, Álvaro Rodrigo Guzmán, Yerko Núñez, Álvaro Coímbra, María Elva Pinckert, Mauricio Ordóñez y Roxana Lizárraga.
Murillo y López fueron acusados por los delitos de genocidio, asesinato, asesinato en grado de tentativa, lesiones graves, lesión seguida de muerte, privación de libertad y desaparición forzada de personas, al ser considerados cabeza de la Policía Boliviana y las Fuerzas Armadas en los sucesos de Sacaba y Senkata.
Un segundo proceso que afecta al núcleo duro del gobierno transitorio es el instaurado a instancias de la exdiputada del Movimiento Al Socialismo (MAS) Lidia Patty en el caso “Luis Fernando Camacho y otros”, en relación a las actuaciones del exlíder cívico y actual gobernador cruceño durante los días previos y posteriores a la renuncia de Evo Morales, el 10 de noviembre de 2019.
Acusados de “sedición”, “terrorismo” y “conspiración”, guardan detención preventiva en La Paz Áñez, Coímbra y Guzmán; Núñez tiene orden de aprehensión pero se declaró en la clandestinidad.
El jueves, el Ministerio Público solicitó al Tribunal Supremo de Justicia el trámite ante la Asamblea Legislativa de cuatro juicios de responsabilidades por cuatro casos: un crédito del Fondo Monetario Internacional (FMI), un decreto que presuntamente violó la libertad de expresión durante las cuarentenas, la ampliación de los servicios de Fundempresa y la crisis migratoria en la frontera con Chile. Este último requerimiento fue rechazado.
Un quinto pliego acusatorio está en fase de fundamentación. El Ministerio de Justicia informó ayer a La Razón que “trabaja de manera conjunta con las víctimas para la elaboración de una proposición acusatoria contundente, objetiva y jurídicamente sólida que recoja testimonios y pruebas inobjetables de las masacres del gobierno de facto”.
detención. A raíz de la detención de Murillo en Estados Unidos, acusado de sobornos y lavado de dinero, el Ministerio Público y la Policía iniciaron una serie de operativos con el objetivo de afectar intereses del exministro.
Al respecto, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, apuntó a Áñez como la cabeza del que llamó “clan mafioso”. Están inicialmente implicados Murillo y López, además de policías, familiares, funcionarios de los ministerios de Gobierno y de Defensa del pasado régimen, y empresarios que ofrecieron material antidisturbios a finales de 2019.
Otro escándalo que involucra a los exministros son la compra de respiradores españoles con sobreprecio, por cuyo caso es investigado el exministro de Salud Marcelo Navajas y otros funcionarios. Un caso similar, de respiradores chinos, apunta a la exministra Heidy Roca, ahora bajo detención docimiciliaria.
También el exministro de Economía y Desarrollo Productivo Óscar Ortiz, junto a Wilfredo Rojo y Adhemar Guzmán, fue denunciado por daño de Bs 76,3 millones en la compra de 30 toneladas de trigo y fertilizantes, además de otros casos en su gestión.
Iván Arias, de Obras Públicas, es investigado por una contratación irregular. Su despacho también es investigado por dos casos de corrupción millonarios en Entel, regidos a su turno por Elio Montes y Eddy Luis Franco.
