EL PUNTO SOBRE LA i
Entre el viernes 21 y sábado 22 de mayo, en los estados de Florida y Georgia de Estados Unidos fueron detenidos, primero, el exjefe de gabinete del Ministerio de Gobierno de la presidenta Jeanine Añez, Sergio Méndez; y, luego, el propio exministro Arturo Murillo. Luego vino la detención de los estadounidenses Luis Berkman, Bryan Berkman y Philip Lichtenfeld. A los cinco se les acusa por lavado de dinero y soborno utilizando el sistema financiero estadounidense. “El exministro de Gobierno y otro funcionario boliviano están acusados de recibir sobornos pagados por una empresa estadounidense e individuos para asegurar un contrato con el gobierno boliviano, y luego utilizar el sistema financiero estadounidense para lavar esos sobornos”, señala el comunicado de prensa del 28 de mayo del Departamento de Justicia de Estados Unidos.
Tras identificar a los cinco detenidos, el referido comunicado de prensa revela que el “plan de soborno” ocurrió entre noviembre de 2019 y abril de 2020. “Durante ese tiempo, Luis Berkman, Bryan Berkman y Lichtenfeld pagaron $us 602.000 en sobornos a funcionarios del gobierno boliviano en beneficio de Murillo, exministro de Gobierno de Bolivia, Méndez, exjefe de gabinete del Ministerio de Gobierno de Bolivia y otro funcionario del gobierno boliviano”, destaca el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Específicamente, complementa el comunicado, “las cinco personas están acusadas de un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero. Si son declarados culpables, se enfrentan a una pena máxima de 20 años de prisión. Un juez de un tribunal de distrito federal determinará cualquier sentencia después de considerar las Pautas de Sentencia de Estados Unidos y otros factores legales”.
El jueves 27, el abogado de la víctimas de Octubre de 2003, Thomas Becker, que coadyuva en el caso abierto contra Murillo y otros, informó que los acusados Bryan Berkman y Luis Berkman pagaron una fianza conjunta de $us 850.000 para defenderse en libertad; en tanto que a Philip Lichtenfeld y Sergio Méndez se les impuso detención preventiva; en el caso del exministro Murillo la audiencia en que se definirá su situación será recién el lunes 7 de junio. Becker adelantó que es muy posible que también se le ponga en detención preventiva “por el riesgo de fuga” del acusado.
Becker señaló al programa de La Razón por internet, La Razón Radio, que si bien el delito de lavado de dinero puede llegar a 20 años de prisión y el de soborno a 15, generalmente no se llega a dichos topes, pues mucho depende de la negociación que pueda haber entre la Fiscalía y la defensa del acusado.
En el presente caso, dada la evidencia que el Departamento de Justicia tiene contra Murillo y otros, lo más seguro es que se les abra causa, pero el curso del proceso ya dependerá de “otros factores legales”, advierte el abogado Becker: El juez “tiene que analizar si hay suficiente prueba para avanzar con un juicio; yo creo que hay bastante prueba, tiene información directa, llamadas de WhatsApp con palabras directas, tiene la transferencia de fondos a bancos. Hay bastante prueba. Lo que puede pasar es que el gobierno, el fiscal puede negociar con el demandado, y decirle que ‘si tú mañana dices que eres culpable, no vamos a pedir 15 años por soborno, vamos a pedir 3 años”. Si el acusado no acepta, se va a juicio y allí se decide la sentencia, detalló el abogado estadounidense al programa La Razón Radio.
Pero he aquí lo que pasa en la práctica: “La verdad es que es muy raro que alguien reciba 20 años por el lavado de dinero o 15 años por soborno; es lo máximo (dichos topes), pero generalmente no pasa”.
Un “caso criminal”, que no “civil” como fue la demanda contra Gonzalo Sánchez de Lozada, la causa contra Murillo y otros, prevé Becker, máximo puede durar dos años, aunque, revela, es “una prioridad” para el actual gobierno estadounidense. “Yo creo que es una prioridad, porque es un caso especial, que fue comenzado por el Departamento de Seguridad Nacional. Es una prioridad para los Estados Unidos. También ellos entienden que afecta las relaciones con Bolivia y otros países: una persona involucrada vivía en Argentina, algunos acusados supuestamente están involucrados en tráfico de armas; es un caso que afecta a muchas personas y otros países, y yo creo que puede ser una prioridad para este gobierno”, detalló el abogado.
Una prioridad, pero para el interés boliviano, apenas “un paso”, de los menores, en la justicia que se debe ejercer contra Murillo y otras autoridades del gobierno transitorio de Jeanine Áñez, remarca Becker, coincidiendo con el actual ministro de Gobierno Eduardo del Castillo.
A momento de anunciar, el viernes 28, que Bolivia busca el retorno del exministro, su extradición desde Estados Unidos, a través de dos conductos: Interpol o la cooperación “entre Estados”, Del Castillo remarcó la importancia de los “otros delitos” de Murillo y compañía.
“Estamos siguiendo dos conductos regulares. Si bien es cierto que ha cometido delitos en Estados Unidos por lavado de dinero al haber usado fondos de corrupción en cuentas de bancos en Estados Unidos, en Bolivia ha cometido una serie de delitos. Estamos solicitando dos caminos alternos: uno a través de Interpol y otro a través de la vía de cooperación entre Estados”, dijo la autoridad.
El abogado Becker ratifica que habiendo comenzado los procesos por lavado de dinero y soborno en Estados Unidos, “en Bolivia hay muchos más delitos, en que lo más importante son las masacres, pero están conectados; yo creo que el Gobierno (de Estados Unidos) entiende esto, entiende que el Gobierno de Bolivia va presentar un exhorto suplicatorio pidiendo la extradición (de Murillo y otros); en este momento todo es muy delicado, no es un caso normal”.
El jueves 27 de mayo, en conferencia de prensa, el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, reveló que el trámite de extradición de Murillo ya fue iniciado por el Ministerio Público el 21 de enero de 2021, como parte del caso denominado Gases lacrimógenos, precisamente por el supuesto sobreprecio del material de represión no letal por el que hoy día Murillo y cuatro personas están acusados en Estados Unidos.
Aún más, Lanchipa anunció que también se dispuso llevar a cabo “todas las acciones procesales destinadas a las recuperación y repatriación, en favor del Estado boliviano, de todos los activos, dineros y valores que se hubieren generado como resultado de actos ilícitos”.
El caso del sobreprecio de los gases lacrimógenos avanzó en el país. Hay que recordar que en enero de 2021 el ministro de Gobierno Del Castillo informó que tras realizar varias auditorías se evidenció un sobreprecio de más de Bs 7 millones en la compra de dichos gases, de equipos de seguridad así como hechos de corrupción en la contratación de empresas proveedoras de insumos para la Policía durante las gestiones de los exministros Arturo Murillo y Fernando López (de Defensa).
En anteriores gestiones, un proyectil de largo alcance CAL37/38 MMCS costaba Bs 189, dijo, pero durante las gestiones de Murillo y López, ese mismo artículo fue adquirido a Bs 270, o sea, con un sobreprecio por proyectil de Bs 81.
Las auditorías, señaló entonces Del Castillo, detectaron direccionamiento en las contrataciones a la empresa Bravo Tactical Solutions (la implicada en la acusación del Departamento de Justicia contra Murillo) y un sobreprecio total de Bs 7.150.000.
En cuanto a los “otros casos” contra Murillo, aparte de los Gases lacrimógenos, en su conferencia el fiscal general Lanchipa precisó que hasta el momento hay nada menos que nueve procesos investigativos abiertos contra el exministro Murillo.
“El Ministerio Público activó nueve procesos en contra del exministro de Gobierno Arturo Murillo, que tienen que ver con delitos relacionados a uso de instrumento falsificado, falsedad material, falsedad ideológica, uso indebido de influencias, incumplimiento de deberes, resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes, legitimación de ganancias ilícitas, entre otros”, detalló la Unidad de Prensa de la Fiscalía.
En una recopilación hecha por La Razón (y publicada el viernes 28), se precisa que los casos abiertos son:
1. Acusación a una inocente por el robo de la bebé Samantha.
2. Persecución contra el comandante de la Policía (cuando no lo era) Jhonny Aguilera.
3. Robo y quema de la libreta de servicio militar del expresidente Evo Morales.
4. Muertes en Sacaba y Senkata.
5. Compra de material antidisturbios (caso Gases lacrimógenos).
6. Golpe de Estado.
7. Manipulación informática en la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF).
8. Desaparición de droga de una incautación que se produjo en 2019.
9. Impedimento de la extradición a Brasil del procesado por narcotráfico Jesús Einar Lima Lobo.
Pese a que en Bolivia ya está en curso la preparación de la acusación fiscal contra Murillo y López por el sobreprecio de los gases lacrimógenos, y trata, desde otro ángulo, lo mismo que la acusación del Departamento de Justicia de EEUU, en perspectiva es un caso menor en relación al de las masacres, por ejemplo, destaca el abogado Becker.
En teoría, destaca el abogado estadounidense, Bolivia puede argumentar esta supremacía de los delitos más graves para posibilitar la extradición, pero hay que considerar la dinámica y tradición de la Justicia de su país.
“En teoría (Bolivia) puede pedir la extradicción en cualquier momento. Pero en la práctica lo que generalmente pasa aquí, lo que creo que va a pasar es que el Gobierno (estadounidense) va a avanzar con el caso, porque está en territorio estadounidense; avanza en el caso y cuando termina o hay una resolución, decide si va a extraditar de inmediato o si (el sentenciado) va a la cárcel por algunos años y después recién extraditar”, describe el abogado lo que generalmente ocurre en estos casos.
Bolivia tiene un interés sobre otros “delitos muy fuertes”, como la violación de los derechos humanos, las masacres, “crímenes de lesa humanidad”, destaca Becker. Si hay un interés tan fuerte, el Gobierno de Bolivia puede pedir la extradición, “pero yo creo que es difícil, generalmente los gringos quieren procesar aquí en gringolandia primero”, reconoce.
(*)Iván Bustillos es periodista de La Razón
