Como ya se ha señalado en este espacio, el caso del exministro Arturo Murillo, detenido en Estados Unidos y acusado de soborno e intento de lavado de dinero, es una suerte de síntesis del modo en que se administró el gobierno durante los casi 12 meses que duró la transición iniciada con la irregular posesión de la hasta entonces segunda vicepresidenta de la Cámara de Senadores.
Fue cuestión de horas para que gran parte de los agentes que apoyaron al gobierno transitorio en diferentes instancias y momentos de éste hicieran pública su diferencia con el caído en Miami y no pocos hicieran leña de ese árbol. Varios de esos examigos de Murillo recuerdan que las diferencias con el gobierno de la presidenta transitoria se debieron al carácter del entonces hombre fuerte.
Lo que no se menciona mucho en las declaraciones en torno al caso del exministro detenido en una prisión de Miami es que su comportamiento no fue la excepción. Una larga lista de acusaciones por manejos dolosos de los recursos públicos, con varios casos de deliberado daño económico al Estado, son claro indicio de que el asalto al Estado perpetrado con la transición fue, sobre todo, a las arcas públicas.
También se beneficiaron, a través de la larga lista de ministras y ministros que rotaron en el gabinete de la expresidenta ahora detenida en el Centro de Orientación Femenina de Miraflores, muchos intereses particulares, ora mediante las normas, como el decreto que autorizó la “experimentación” con semillas transgénicas; ora mediante adquisiciones amañadas, como la compra de respiradores con sobreprecio; o los casos de simple robo, como el perpetrado en Entel por el que fuera su primer gerente transitorio.
Igual que el entonces ministro de Gobierno, otros altos funcionarios muy cercanos a la mandataria interina, como el exsenador y sucesivamente ministro de Desarrollo Productivo y de Economía y Finanzas Óscar Ortiz, aprovecharon su circunstancial dominio sobre las instituciones, incluyendo al Ministerio Público, para, además de afectar empresas públicas productivas, perseguir y amedrentar a personas e instituciones particulares en favor de inconfesables intereses de grupo, sin importarles el daño económico y moral no solo contra empresarios y sus inversiones, sino también contra las muchas personas que trabajaban para éstos y sus empresas.
Arturo Murillo parece el chivo expiatorio en el que todas y todos los cómplices del gobierno transitorio intentarán descargar sus culpas y mimetizar sus delitos. Son muchos los casos en que la política sirvió para avanzar agendas corporativas; es previsible que en la medida en que se vaya desenredando la madeja de malos manejos administrativos se conozcan más detalles del modo en que administraron el país quienes en una elección no superan el 4% de los votos, lo cual, asimismo, explica por qué prefirieron tomar el poder del modo en que lo hicieron, incluso sabiendo que se exponían a severos juicios tras la restitución del orden constitucional.
