Los exministros Arturo Murillo, Luis Fernando López, Óscar Ortiz y Yerko Núñez eludieron las convocatorias de la comisión legislativa que investigó en 2020 la compra de material antidisturbios en 2019. Al final, fueron señalados de encubrir el caso.
El 26 de octubre de 2020, la Asamblea Legislativa —entonces bajo dos tercios del Movimiento Al Socialismo (MAS)— aprobó el informe de conclusiones de la Comisión Mixta sobre la compra de material no letal contra disturbios por parte de los ministerios de Gobierno y de Defensa.
Conformada en junio por la senadora Plácida Espinoza y Adela Cusi, y los diputados Juana Quispe, Avilio Vaca, William Alvarado y Aniceto Choque, del MAS; Claudia Mallón y Rose Mary Sandóval, de Unidad Demócrata (UD), y Norma Piérola, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), la comisión presentó su informe el 1 de octubre. Mallón, Sandóval y Choque no firmaron el texto debido a una “licencia”, tampoco Piérola.
En las conclusiones, la mayoría estableció un “daño económico causado al Estado en la compra de agentes químicos no letales y otros para la Policía Boliviana, que fue la solicitante; sin embargo, la compra fue realizada por el Ministerio de Defensa”.
En el punto 5 del informe, la Comisión Mixta determinó que “existe una manifiesta intención” por parte de Murillo, Ortiz, López y Núñez “en encubrir los posibles actos de corrupción y daño al Estado” en el caso de la compra.
Además, fue implicado el entonces presidente interino de la Aduana Nacional, Waldo Ramos.
Según el informe, dichos funcionarios y otros “presentaron notas con una serie de excusas, orientadas a desconocer atribuciones” de la comisión. “Estas autoridades han adecuado su conducta al tipo penal de incumplimiento de deberes y el impedir y estorbar el ejercicio de funciones”.
La comisión sugirió al Ministerio Público iniciar las acciones legales contra dichos funcionarios.
El 29 de noviembre de 2019, la entonces presidenta transitoria promulgó el Decreto Supremo 4090, con el que autorizó al Ministerio de Defensa la adquisición excepcional “de gases antidisturbios o antimotines” y “material no letal para uso de la Policía Boliviana”.
Sin embargo, la comisión señaló que “causa sorpresa” que cuatro días antes, el 25 de noviembre, el Ministerio de Gobierno invitó a la empresa Cóndor de Brasil a presentar su propuesta de provisión de dicho material, “‘advirtiéndole’ que se suscitarían responsabilidades administrativas y que la adquisición se la realizaría a través del Ministerio de Defensa, mediante traspaso presupuestario”.
Un día después, el 26 de noviembre, el Ministerio de Gobierno comunicó a la compañía brasileña que “se tomó la decisión de realizar la adquisición” a través de la firma intermediaria Bravo Tactical Solutions (BTS).
En el informe del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, que involucra a Murillo y otros funcionarios del régimen de Áñez en delitos de conspiración, soborno e intento de lavado de dinero, se señala que el exjefe de gabinete del Ministerio de Gobierno Sergio Méndez ya había comenzado con las cotizaciones con la intermediaria BTS el 16 de noviembre.
Las investigaciones en Estados Unidos establecieron un sobreprecio de $us 2,3 millones, con el que BTS pagó sobornos, de los cuales $us 582.000 a Méndez, el brazo derecho de Murillo.
En el informe de la comisión se señala que el entonces presidente interino del Banco Central de Bolivia (BCB), Luis Armando Pinell, informó que el 20 de diciembre de 2019 el Ministerio de Defensa solicitó la concesión de una carta de crédito a favor de BTS por $us 5,6 millones para la adquisición de “agentes químicos no letales para las Fuerzas Armadas”, solicitud que, sin embargo, fue modificada por instrucciones de Economía del 10 de enero de 2020.
Siguiendo la declaración, en cambio se solicitó “una operación de venta de divisas” para transferencia al exterior a favor de BTS en la cuenta de Wells Fargo Bank NA, en San Francisco, “operación que fue revertida por dicho banco el 31 de enero” del mismo año.
