El fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, informó este lunes que suman 20 las personas investigadas por el denominado caso Gases lacrimógenos y remarcó que quedó “demostrado” de que este proceso no es parte de una “persecución política”.
“Ahora llama la atención el tema del denominado ‘caso Gases (lacrimógenos)’, donde tenemos ya 20 personas investigadas, cinco personas aprehendidas, (además) se han llevado una serie de actuaciones procesales, entre ellas, allanamientos, donde se han logrado secuestrar bastante información que se está trabajando”, dijo Lanchipa.
El sábado, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, dio a conocer que se realizaron 10 allanamientos en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz.
Estas nuevas actuaciones retomaron mayor fuerza en el país a partir de la captura del exministro de Gobierno Arturo Murillo en Estados Unidos por presunto lavado de dinero y pago de sobornos, que se habrían cometido en el proceso de la compra de gases lacrimógenos en la gestión de Jeanine Áñez y en el que están involucradas varias instituciones, como los ministerios de Gobierno y de Defensa.
Según investigaciones del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, la compra de ese material, a través de la empresa intermediaria Bravo Tactical Solutions (BTS), demandó a Bolivia $us 5,6 millones y tuvo un sobreprecio de $us 2,3 millones.
En ese sentido, “tenemos (entre los involucrados en la investigación) a las dos cabezas del Ministerio de Gobierno y del Ministerio de Defensa (es decir los exministros Murillo y Fernando López), además de su cuerpo de asesores y demás miembros que han conformado ambos ministerios”, confirmó.
Agregó que el Ministerio Público está desarrollando un trabajo de verificación de toda la documentación “por la cual se ha dado lugar a que un ministerio compre todo ese material no letal con (supuesto sobreprecio) para otro ministerio”.
Así “también se ha ampliado a otros tipos penales, como legitimación de ganancias ilícitas”, indicó el Fiscal General, a tiempo de precisar que hasta el momento son siete los delitos por los que se está procesando a este grupo de personas.
Y cuando fue consultado si la expresidenta Jeanine Áñez también podría ser involucrada, Lanchipa respondió que no se puede anticipar el proceso investigativo; sin embargo, “todos los hallazgos y documentos que se han encontrado en los allanamientos pueden dar a lugar a la ampliación de la investigación para otras personas”.
Asimismo, confirmó que el Ministerio Público ya presentó ante la autoridad judicial correspondiente la solicitud de extradición de Murillo y cuyo trámite, luego, debe pasar al Ministerio de Relaciones Exteriores, que finalmente remitirá a Estados Unidos.
“De manera paralela también el Ministerio Público ha solicitado o ha iniciado ya el proceso para la repatriación de todos los activos, de todo el dinero, que tiene allá en Estados Unidos el señor Murillo y toda su banda”, subrayó.
Además, ratificó que la Fiscalía tiene “información extraoficial” de que el exministro López se encuentra en Brasil.
Por tanto, “también nosotros vamos a solicitar en este caso la notificación azul; pero entiéndase que nosotros como Ministerio Público ya habíamos solicitado en tres oportunidades a la Interpol de que se nos pueda facilitar la notificación azul, es decir, la ubicación exacta de estas personas y lastimosamente la Interpol nos ha respondido en todos los casos indicando que es una persecución política y que no iba a dar curso a las solicitudes, (sin embargo) ahora queda demostrado y está totalmente acreditado de que no se trata de una persecución política, (sino) es un tema de legalidad, un tema de justicia”, puntualizó.
