La Cámara de Senadores acortó más los plazos para la preselección de candidatos y la organización del proceso electoral de altas autoridades del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional.
Tras ser aprobado en sus estaciones en grande y detalle, el proyecto de ley dispone que para la postulación y preselección de postulantes se tendrá una duración de hasta 60 días calendario.
En tanto, la organización y realización de la votación popular será con una duración de hasta 100 días calendario.
La ley establece que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) podrá adecuar la convocatoria, el calendario y los procesos administrativos necesarios a los alcances y plazos establecidos en la presente normativa.
También se garantizará que, del total de personas preseleccionadas para el Tribunal Constitucional Plurinacional, el Tribunal Supremo de Justicia, el Tribunal Agroambiental y el Consejo de la Magistratura el cincuenta por ciento sean mujeres y se incluya candidatas y candidatos con auto identificación indígena originaria campesina.
El pasado jueves, el vicepresidente del TSE, Francisco Vargas, ratificó que precisa 120 días para el proceso electoral.
“El Órgano Electoral requiere 120 días para garantizar el sufragio efectivo. Es el mandato constitucional que tiene, por lo tanto, requerimos ese tiempo que es el prudente”, dijo.
El lunes el vocal del TSE Tahuichi Tahuichi Quispe advirtió que acortar los plazos a menos de 120 días para el proceso electoral va a ser un plazo político y de imposición.
“Cualquier plazo que se achicara, va a ser un plazo político y de imposición”, dijo Tahuichi.
Indicó que como Órgano Electoral Plurinacional se rigen bajo normativas y la Ley 026 de Régimen Electoral que les otorga 150 días para el proceso electoral.
“A partir de ese plazo se ha trabajado arduamente en un taller y este plazo se redujo hasta 120 días, plazo técnico y responsable”.
El 28 de abril, la Asamblea Legislativa suspendió de forma temporal el proceso de preselección de postulantes; eso, debido a un fallo del Tribunal Constitucional. El diputado de Creemos Leonardo Ayala interpuso ese recurso.
También, el 12 de abril, el proceso de preselección quedó suspendido tras un amparo constitucional interpuesto por el ciudadano Miguel Ángel Balcázar en la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Beni. Balcázar pidió anular el reglamento de preselección y la convocatoria.
Las elecciones judiciales deberán definir el nombramiento de 23 jueces y consejeros, titulares y suplentes, del Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Constitucional, Tribunal Agrario y Consejo de la Magistratura.
