Sin lugar a dudas, el fallecimiento del exinterventor del ex Banco Fassil conmocionó a la población en mayo, desviando la atención en otras actividades alusivas a la fecha, lo que dio origen a opiniones e hipótesis.
El exinterventor Carlos Colodro desarrollaba múltiples tareas, en el marco de las atribuciones que la Ley 393 de Servicios Financieros le confiere, entre las cuales se destaca el establecimiento de un fideicomiso administrado por el Banco Unión para continuar con la devolución de las obligaciones privilegiadas de primer (depósitos del sector privado y otros) y segundo orden (depósitos del sector público y otros), así como el pago de los salarios devengados a los trabajadores del exbanco.
Fueron nueve las entidades de intermediación financiera que se adjudicaron la cartera de créditos de Fassil, subrogándose además los depósitos de dicho banco, garantizando así la devolución de los ahorros del público. Contrariamente a lo expresado por analistas en medios de comunicación, los ahorristas no retiraron la totalidad de su dinero, sino que, en varios casos, inclusive incrementaron sus saldos, demostrando que el proceso de compulsa resultó ser exitoso por la solvencia y confianza que tiene el sistema financiero.
Es importante puntualizar que no se traspasó la totalidad de la cartera ni de los depósitos, motivo por el cual, en el marco del artículo 530 de la Ley de Servicios Financieros, se constituyó un fideicomiso administrado por el Banco Unión para continuar con la devolución de las mencionadas obligaciones de primer y segundo orden.
A partir del contrato suscrito por el entonces interventor y el Banco Unión, se procede a realizar la devolución de los recursos a los ahorristas, lo que se llevará a cabo con la realización de los activos transferidos y con el apoyo del Fondo de Protección al Ahorrista, que se nutre de los aportes de las mismas entidades de intermediación financiera, tal cual establece el artículo 518 de la citada ley.
Lo importante del procedimiento de solución del ex Banco Fassil es que, a diferencia de los procesos de intervención que se dieron durante los gobiernos neoliberales donde el Estado asumía deudas de terceros, en este caso no significa erogación alguna para el Tesoro General de la Nación; inclusive en el salario del interventor, los recursos provienen de la entidad intervenida.
Aparte, la Ley de Servicios Financieros establece que la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (Asfi) tiene la responsabilidad de designar al nuevo interventor a objeto de que aplique el procedimiento de solución a la entidad intervenida; en tal sentido, debido al fallecimiento del interventor, la Asfi procedió a la designación en cumplimiento a la normativa y en observancia a la autonomía con la que cuenta la Asfi.
La intervención del Banco Fassil fue objeto de mucha especulación y crítica por parte de ciertos sectores de la sociedad, llegando al punto de generar pánico en la población, mencionando que los ahorros del público en dicho banco corrían peligro debido a la intervención; no obstante, el interventor Colodro, en apego a la normativa, cumplió su compromiso de devolver los recursos a los ahorristas y comprometió el pago de los salarios a los trabajadores de la entidad intervenida, ratificando, una vez más, que el sistema financiero es sólido y solvente, y dejando en claro que este hecho no lo afecta significativamente.
Es importante que el nuevo interventor, designado por la Asfi, en aplicación de las atribuciones generales conferidas por ley, continúe con el procedimiento de intervención en beneficio de los ahorristas y esclareciendo todo el movimiento económico y financiero que generó el mencionado banco, retomando de esta manera la labor emprendida por Colodro, que en el ejercicio de su trabajo perdió la vida.
Gustavo Gómez es economista.
