DIBUJO LIBRE
Restituir la república sobre una presunción de libertades ciudadanas que devuelva el sistema de privilegios a las élites políticas no es un proyecto sino un desconocimiento de las conquistas populares materializadas en la Constitución vigente.
El exilio impune que los Estados Unidos (EEUU) les garantiza a los prófugos de la justicia boliviana es inadmisible, a casi 20 años del silencio del único presidente extranjero (por su doble nacionalidad) que tuvo Bolivia desde la reconquista a la democracia el año 1982. Más de 60 muertes de la guerra del gas en el año 2003 siguen en la impunidad y a pesar del Tratado de extradición que Bolivia tiene vigente desde el año 1995 con el país del norte éste se incumple, transgrediendo con ello la búsqueda de justicia de las víctimas de la defensa de nuestros recursos naturales.
Con una reciente publicación, un prófugo de la justicia plantea un Estado parlamentario con supuestas limitaciones que no son más que el cercenamiento de los derechos y libertades de los ciudadanos; al delegar de manera directa a los legisladores el destino del país. Es decir, suprimir las formas de democracia participativa, comunitaria e intercultural y que se entregue plenipotenciariamente a un grupo de legisladores las riendas del país como si sus decisiones fueran la divinidad irrefutable. Las conquistas histórico-sociales tienen al soberano (el pueblo) como un actor de decisión de las políticas públicas, revocatorias de mandato y formas de alternancia en la toma del poder político; y éstas no pueden retornar al privilegio de una élite parlamentaria.
La figura de “un Primer Ministro” a cargo de la administración del Gobierno, es la emulación de retroceso de cuando menos 200 años en nuestra historia política. En aquellos Estados en el mundo donde la Reina, reina, pero no gobierna, reflejan la existencia colonial de linajes familiares o castas sociales exclusivas a las que se debe rendir homenaje sólo por el hecho de existir, cuando el gobernante en sí debe gobernar para todos sin discriminaciones.
Sobre el modelo constitucional de tipo de Estado actual, éste tiene un avance importante a partir del sistema competencial autonómico. Retroceder en ese avance y sólo reconocer un régimen de autonomía de descentralización administrativa territorial es transgredir la lucha autonómica de varias regiones que hoy tienen autonomía plena con sus estatutos y cartas orgánicas municipales y pueden elegir autoridades políticas de manera directa y no mediante designaciones a dedo que podría definir un supuesto primer ministro. No está demás que en distintos periodos presidenciales los mandamases sentados en la silla del poder designaban a los maridos de sus hijas como voceros o prefectos, hasta con permisibilidades horrorosas como alcobas y otros que querían pasarlos como chatarras.
Ese planteamiento es un retroceso a la forma democrática representativa subnacional por las condiciones de legalidad y legitimidad con las que se pronuncian las regiones al elegir a sus autoridades y ya no esperar el dedazo del poder para las representaciones departamentales.
Sobre la economía. El actual modelo económico boliviano es plural y está orientado a mejorar la calidad de vida y el vivir bien de todas las bolivianas y los bolivianos, esa economía plural está constituida por las formas de organización económica comunitaria, estatal, privada y social cooperativa. Contrariamente el proyecto de Goni defiende a ultranza el liberalismo pleno y dejando un rol protagónico a los privados y en algún caso la intervención del Estado en las que el empresariado no pueda cumplir. De manera contradictoria a la conquista de la propia Reforma Agraria el proyecto propone que la propiedad de la tierra y de los recursos naturales sean de los bolivianos y no del Estado, es decir un disfraz de privatización plena de los recursos naturales cuando ese justamente fue el motivo por el que escapó del país. En esa línea, creo que aún hay lecciones no aprendidas.
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Coincidimos en que tiene derecho a libre expresarse al compartir su idea de 194 artículos. Sin embargo, la actual Constitución dispone un mandato producto de la guerra del gas: una Asamblea constituyente que es la que se necesita para modificar plenamente el texto constitucional actual. Una ley por sí no resuelve los problemas de sociedad como se pretender soslayar en la mencionada propuesta.
Sobre los órganos de poder se plantea reponer la Corte Suprema y cercenar la justicia constitucional haciendo desaparecer a las autoridades jurisdiccionales en esta materia y hasta el propio Tribunal Constitucional Plurinacional y derivando el conocimiento de esas causas sólo a una Sala especializada.
Pero la vulneración a los derechos del soberano es todavía más preocupante al eliminarse del proyecto de texto. Tal es así que la forma de ejercicio de democracia participativa desaparece y ya no existiría una forma directa de participación del pueblo por medio del referendo, iniciativa legislativa ciudadana, revocatoria de mandato, asambleas, cabildos y consultas previas. Una afrenta directa al pueblo cruceño que tiene en sus tradicionales cabildos una forma de deliberación política acostumbrada (con legitimidad o no) que se constituyó en una práctica habitual.
Como se puede advertir el proyecto en cuestión es un homenaje a los retrocesos históricos y políticos en el país en la pretensión de afectar la conquista del nuevo constitucionalismo. Lo ejes transversales de la Constitución vigente referidos a: lo intercultural, las formas de democracia, el modelo de Estado, la organización económica, el modelo autonómico, las funciones de control y defensa de la sociedad, entre otras grandes conquistas sociales debatidas largamente en el proceso constituyente boliviano del 2006 quedan degradadas en el pensamiento y propuesta del ex gobernante y prófugo de la justicia boliviana.
Es quizá su último suspiro político testamentario de mayor irrelevancia, porque a más de que se considere cuando menos en el debate político, lo único que nos infiere pensar es en el retorno a un sistema híbrido entre lo feudal – republicano colonial. Hoy es un tiempo que requerimos para debatir un primer ciclo de cumplimiento de la norma suprema del ordenamiento jurídico boliviano. Hay temas pendientes irresueltos e incumplidos a pesar del mandato constitucional; por ejemplo, salud y educación. Cuando el mandato de la ley fundamental dispone que son la primera responsabilidad financiera del Estado hoy al parecer la preocupación son las adjudicaciones de obras que no tienen que ver con estas materias y cuya principal atención debiera ser la prioridad del gobernante. Ni qué decir de la justicia, de ello nos ocuparemos en su momento, pero de no reestructurarse continuaremos con un sistema indolente.
Cumple su primer ciclo la Constitución, pero por lo leído del documento propuesto por una persona de 92 años dudo seriamente que sea el responsable de todo ese contenido que ciertamente no es más que una “Constitución de nadie”.
(*)Israel Quino es abogado y periodista
