La Asociación de Concejalas y Alcaldesas de Bolivia (Acobol) sugirió la creación de un juzgado específico para casos de acoso y violencia políticos contra autoridades mujeres electas en el país. Entre 2016 y 2022 fueron reportadas 370 renuncias debido al problema.
Las cifras del problema en gobiernos locales, especialmente en el área rural, preocupan. La institución registró entre 2018 y este año al menos 600 denuncias, dos de ellas con sentencia y una tercera a punto de conocerse.
Según el informe de Acobol difundido por la Defensoría del Pueblo en su documento “Obligadas a renunciar”, en 2018 fueron reportados 117 casos; en 2019, 127; en 2020, 160; en 2021, 79; en 2022, 76, y en lo que va de este 2023, 29.
Acobol
En criterio de la presidenta de la organización, la concejala de Caracollo (Oruro) Josefina Velásquez, esas cifras “son alarmantes” y se entiende el problema debido a la retardación de justicia y el “desconocimiento” de la Ley 243, Contra el Acoso y Violencia Política hacia las Mujeres. Además, por la “idiosincrasia” local de fuerte “machismo patriarcado” de varones autoridades electas.
“No tenemos juzgados específicos” y necesitamos que una instancia especial pueda atender este tipo de delitos, afirmó la dirigente en entrevista con La Razón Radio este miércoles.
Según registros divulgados por la Defensoría del Pueblo, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) registró 223 denuncias por acoso y violencia políticos contra autoridades electas entre 2016 y 2022.
Además, reportó 370 renuncias de mujeres autoridades electas, de las cuales 157 corresponden a 2021. En el desglose de las 370 dimisiones, 239 (65%) fueron obligadas “por temas personales o familiares”, 42 (11%) por específicamente acoso y violencia políticos, 30 (8%) por “temas de salud” y 59 (16%) por otro tipo de causales.
Presión
Velásquez comentó que, si bien la mayoría de esos casos de renuncias son por decisión “personal”, la motivación es compleja. “Existe presión” política y, también, de parte de la familia, y por eso “no llegan a cumplir su mandato de cinco años”.
Y cuando se trata de denuncias, también influye la necesidad económica y la situación de la familia, dijo la dirigente de Acobol.
A la fecha en el centro de Monitoreo de Acoso y Violencia Políticos de la organización registró 43 denuncias, la mayoría se derivan de la fiscalización a alcaldes y represalias a causa de ese trabajo.
Según el informe Obligadas a renunciar, de la Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público registró 515 casos de acoso y violencia entre 2012 y octubre de 2022. Solo dos casos tienen sentencia, el de la concejala de Ancoraimes Juana Quispe (+) contra el otrora alcalde Félix Huanca (La Paz) y el de la exasambleísta departamental María Patzi contra su entonces suplente Arturo Vegamonte.
Velásquez informó que una tercera sentencia fue emitida hace pocos días, se trata del caso de una concejala en el departamento de Tarija. No quiso dar mayores detalles.
