Las autoridades de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM) de Santa Cruz determinaron acudir al Tribunal Constitucional para que la Gestora Pública entregue los informes sobre los aportes e inversiones que realiza con los recursos de los trabajadores afiliados al Sistema Integral de Pensiones (SIP).
El rector de esa casa de estudios superiores, Vicente Cuéllar, lamentó que la entidad estatal no remita esos datos al igual que la conformación del directorio, ya que, en su criterio, al no existir esa instancia vulnera la Ley 065, de Pensiones. Consideró que existe mucho hermetismo en el manejo de la información.
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“La Gestora no ha respondido a nuestras solicitudes de información, vamos a recurrir a las instancias legales para hacer prevalecer nuestros derechos de petición. Vamos a presentar en esta semana un amparo constitucional para que la Gestora, por la vía legal, nos pueda proporcionar toda esa información solicitada”, sostuvo en conferencia de prensa.
Cuéllar sostuvo que el gerente de la Gestora, Jaime Durán, y el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, “no quieren que el pueblo boliviano conozca dónde están esos 24.000 millones de dólares que corresponden al aporte de los trabajadores”.
Demanda
La UAGRM exige a la Gestora Pública un informe sobre estados financieros de los últimos ocho años que las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) gestionaron los recursos de los aportantes.
Solicita al Ministerio de Economía información sobre las inversiones de los fondos de pensiones en bonos del Estado y a cuánto ascienden esos montos y cuáles son las garantías, además de revisar todos los estados financieros anuales de la Gestora Pública.
A la Contraloría General del Estado y la Autoridad de Pensiones y Seguros (APS) le pide todas auditorías realizadas a la Gestora Pública.
El Rector de la UAGRM cuestionó el proceso de socialización que realiza el Gobierno para modificar la Ley 065, de Pensiones, ya que esa norma no puede alterarse “si previamente no se institucionaliza el funcionamiento de la Gestora, se debe constituir ese directorio que manda la ley 065”.
Para hacer cualquier cambio, Cuéllar pidió a la Gestora y al Gobierno, reunirse con la UAGRM “donde seguramente podemos intercambiar criterios”.
