El exviceministro de Régimen Interior y Policía Nelson Cox representará desde ahora a las víctimas y familiares de la masacre de Huayllani, Cochabamba, que en 2019 dejó una decena de fallecidos por represión militar y policial.
Hasta ahora, las víctimas estaban patrocinadas por el Ministerio de Justicia, pero, según consideraron, “hay retardación de justicia” en su demanda de justicia por las muertes a bala del 15 de noviembre de ese año.
Por eso, “hemos decidido, orgánicamente, alejarnos de ellos (quienes los representaban) desde este momento; de aquí, para adelante, nos va a patrocinar, jurídicamente” nuestro hermano Nelson Cox”, dijo un representante de las víctimas en una conferencia de prensa.
El Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima (Sepdavi) era la entidad que representaba a las víctimas, pero “ya no se pronuncian por la suspensión de audiencias y no dice nada. Nos están coartando la información”, agregó.
Por su parte, el otrora delegado de la Defensoría del Pueblo, en 2019 vio en persona el caso, cuestionó que incluso los abogados de las víctimas determinen la suspensión de audiencias de los imputados.
«En el proceso como tal, por la masacre de Huayllani, ha sido demorado, está siendo demorado. Hay dilaciones que los patrocinantes de las víctimas, que es el Ministerio de Justicia, no hacen valer. Los propios abogados de las víctimas suspenden audiencias».
Por ese caso, 17 personas están imputadas, entre ellas, la expresidenta Jeanine Áñez.
Hasta el momento, cuatro de ellos guardan detención preventiva en cárceles. En tanto, nueve tienen medidas sustitutivas y cuatro se encuentran en calidad de rebeldes.
Las Fuerzas Armadas, al amparo del Decreto Supremo 4078, del 14 de noviembre de 2019, ejecutaron el plan de represión contra las movilizaciones de entonces. La norma libraba de responsabilidad penal a los militares.
