Tras el anuncio de un juicio contra el presidente Luis Arce en razón de la restitución del ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, el abogado constitucionalista Israel Quino aseguró que “no existe ninguna posibilidad jurídica que motive un juicio de responsabilidades” contra el mandatario.
Afirmó que, en términos políticos, tampoco existe posibilidad de procesar al presidente Arce, debido a que existen más de 20 juicios de responsabilidades en espera por falta de pruebas.
En Piedra, Papel y Tinta, de La Razón, Quino explicó que hay un decálogo de fundamentación constitucional que resguarda las acciones de Arce en el marco de la ratificación de Del Castillo.
El 27 de mayo, con 101 votos de oficialismo y oposición, el ministro fue censurado en la Asamblea Legislativa luego de su interpelación por el caso de vehículos robados en Chile e internados en Bolivia en 2022.
Dos días después, en sujeción al artículo 158 de la Constitución, Arce destituyó a Del Castillo y casi inmediatamente lo restituyó en sus funciones. La decisión causó protestas en la oposición y también en el ala evista del MAS.
El martes, los diputados de CC Enrique Urquidi, Gustavo Aliaga, Luisa Nayar y José Ormachea anunciaron la presentación de la proposición acusatoria contra Arce ante la Fiscalía General del Estado. El objetivo es juicio de responsabilidades contra el mandatario por el presunto delito de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes.
Señor Arce, “vaya alistando sus pilchas, en Chonchocoro hace frío”, advirtió Nayar.
Al respecto, Quino explicó sus razones sobre por qué no es viable, jurídicamente y políticamente, un juicio de responsabilidades contra Arce:
- No existe ningún delito, ni una causa especifica de transgresión a la Constitución Política del Estado (CPE) por parte de Arce.
- El Presidente hace un ejercicio legítimo de la CPE al efectuar nuevamente el juramento de Eduardo Del Castillo, luego de la destitución del ministro.
- Las interpelaciones en la Asamblea Legislativa que derivan en censura deben desembocar en destitución, acción que fue cumplida por Arce el 29 de junio.
- La CPE permite al primer mandatario designar a cualquier ciudadano boliviano, entre ellos un político censurado.
- La Sentencia 020/2023 de la CPE establece que luego de la destitución, el presidente debe designar nuevamente al nuevo Ministro de Gobierno.
- El parágrafo cuarto del Artículo 14 de la CPE establece que todo lo que no está prohibido, está permitido.
- Toda persona que presenta una denuncia debe probar las acusaciones que emita.
Al margen de esos apuntes, el abogado dijo que existen, por lo menos, tres disposiciones constitucionales que permiten a Arce volver a posesionar a ministros censurados y, posteriormente, ratificarlos.
- En primer lugar, el Órgano Ejecutivo es independiente, por lo que tiene la competencia y capacidad de asumir decisiones.
- Segundo, el rigor de la administración pública debe dirigirse a través de ministros de Estado.
- Y, finamente, existe una cartera de Estado (Ministerio de Gobierno) a cargo de Policía Boliviana que tiene ser ocupado en el rango del Consejo de Ministros del Estado Plurinacional.
De este modo, Quino descartó, con una explicación jurídica, la posibilidad de iniciar un juicio de responsabilidades a Luis Arce.
Por su parte, la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, indicó este miércoles que no amerita un juicio de responsabilidades contra Arce porque la decisión fue “legal y constitucional”.
Admitida la proposición acusatoria, la Fiscalía General del Estado tendrá 30 días para analizar la posibilidad o no de un requerimiento acusatorio. De abrirse la posibilidad, será el Tribunal Supremo de Justicia el que tramite el juicio ante la Asamblea Legislativa, que deberá aprobar su viabilidad con dos tercios de los votos de los asistentes.
No hay antecedente en el país de un juicio de responsabilidades contra un mandatario en ejercicio, como el que pretende la bancada de diputados de CC.
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