El Gobierno de Perú compró a finales de mayo más de 1.500 armas de diferentes modelos –fusiles, escopetas y pistolas– así como más de 3.000 granadas lacrimógenas y bombas de humo de cara a reforzar al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas antes de las manifestaciones en la capital, Lima.
De acuerdo con informaciones recogidas por el diario local ‘La República’, la operación se ejecutó de forma directa y sin licitación «bajo el supuesto de una situación de emergencia» en la capital ante la previsión de una multitudinaria protesta anitgubernamental que finalmente se llevó a cabo el miércoles sin grandes incidentes.
Aunque la adjudicación se efectuó el 31 de mayo, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas peruanas no consignó los detalles del proceso ni la cantidad invertida para esta adquisición en el Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Estado, tal y como indica la normativa vigente.
Manifestaciones
La presidenta peruana, Dina Boluarte, autorizó a comienzos de febrero la transferencia de más de 233 millones de soles peruanos al Ministerio de Defensa nacional. En el contexto de las constantes manifestaciones en contra de su gobierno.
La capital andina fue escenario el miércoles de la tercera convocatoria de la manifestación ‘Toma de Lima’. Una marcha ciudadana contraria al gobierno de Boluarte y que exige su dimisión del cargo.
Boluarte ascendió a la Presidencia en diciembre de 2022 tras la destitución y detención del entonces jefe de Estado, Pedro Castillo, tras un intento de arrogarse más competencias.
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Derecho a protestar
Varias organizaciones sociales interpusieron una demanda constitucional contra la presidenta de Perú, Dina Boluarte. Y el primer ministro, Alberto Otárola, por la presunta vulneración del derecho a la protesta en el marco de la tercera ‘Toma de Lima’.
Este proceso, interpuesto ante el Juzgado Especializado Civil del Tribunal Superior de Justicia de Puno, también se dirige contra los ministros del Interior y Defensa, Vicente Romero y Jorge Luis Chávez, respectivamente; el comandante general de la Policía Nacional, Jorge Ángulo; y el presidente del Congreso, José Williams Zapata.
Los demandantes consideran que estos son responsables de supuestos hechos lesivos que constituyen acciones que son una amenaza al derecho a la protesta. Cuya tercera convocatoria está programada para este miércoles, según informa el periódico ‘La República’.
(20/07/2023)
