La Corte de Constitucionalidad de Guatemala (CC) ha denegado el recurso de amparo presentado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) contra ocho instituciones del Estado, incluidas las Fiscalía, varios ministerios, la Policía y la Corte Suprema de Justicia (CSJ), pero ha confirmado el acuerdo por el que se fijaba la segunda vuelta de las elecciones presidenciales para el 20 de agosto.
La CC se remite a la decisión que ya emitió el pasado 13 de julio, «en la que se pronunció respecto de que la máxima autoridad electoral debe proceder conforme lo dispuesto en el acuerdo 1328-2023» que señala que la segunda vuelta enfrentará a los candidatos Sandra Torres, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), conservadora; y Bernardo Arévalo, de Movimiento Semilla, de izquierda.
No obstante, la resolución de la CC ha subrayado que el acuerdo del TSE «no puede ser afectado por lo decidido por un órgano jurisdiccional de naturaleza ordinaria» y que «de esa cuenta, esta Corte estima que en el presente caso debe aludirse a tal pronunciamiento».
El TSE presentó el viernes el amparo en el cual denunciaba a Napoleón Barrientos, ministro de Gobernación; Henry Reyes, ministro de la Defensa Nacional; Silvia Patricia Valdés, presidenta del Organismo Judicial (OJ) y de la Corte Suprema de Justicia (CSJ); María Consuelo Porras, fiscal general; Wuelmer Gómez, procurador general de la Nación; Edwin Manfredo Ardiano, director general de la Policía Nacional Civil, y Edwin Martínez Cameros, ministro de Finanzas Públicas.
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El TSE alegaba «la amenaza cierta, futura e inminente de que las autoridades denunciadas vulneren el Estado Democrático de Derecho al no garantizar el ejercicio de las funciones del Tribunal Supremo Electoral, de los Órganos Electorales Temporales y de la ciudadanía en general, para el desarrollo de un proceso electoral hasta su conclusión en un ambiente de libertad y plena vigencia de los derechos constitucionales de la ciudadanía y organizaciones políticas».
También pedía que los denunciados se abstuvieran de «emitir decisiones y órdenes que se opongan a la plena vigencia, eficacia y cumplimiento de lo dispuesto en el acuerdo 1328-2023» que validaba los resultados de la primera vuelta de las elecciones presidenciales, celebrada el 25 de junio.
La Fiscalía de Guatemala registró el jueves la sede del Tribunal Supremo Electoral y ordenó la captura de Eleonora Castillo, subdirectora del Registro de Ciudadanos del TSE.
También ha registrado la sede del Movimiento Semilla, extremo que ha sido calificado de persecución política y que ha sido criticado por Estados Unidos.
Arévalo ha afirmado que el registro de la sede del Movimiento Semilla «es la demostración flagrante de la persecución política que hemos denunciado». «No les importa nada, y no se van a detener, pero nosotros tampoco nos detendremos, porque vamos a sembrar la semilla del cambio para que Guatemala florezca. Esa minoría corrupta no podrá frenar a todo un pueblo unido y lleno de esperanza», ha afirmado, según recoge la cadena TeleSur. La Fiscalía de Guatemala ya había ordenado la descalificación de la candidatura electoral del Movimiento Semilla el pasado 12 de julio, pero la Corte de Constitucionalidad amparó al partido y anuló la decisión de la Fiscalía.
