El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, ha decretado el estado de excepción en las provincias de Manabí y Los Ríos, en el este del país, y en el cantón de Durán, en la provincia de Guayas, por el aumento de la violencia armada que este fin de semana se ha saldado con la muerte del alcalde de Manta, Agustín Intriago.
Las autoridades han decidido que el estado de excepción estará en vigor durante 60 días, imponiéndose, a su vez, un toque de queda en las mencionadas regiones, que tendrá lugar entre las 22.00 horas y las 05.00 horas. Los efectivos presentes se multiplicarán al pasar de 470 a 1.200 agentes.
Estas medidas se han decidido en el Comité de Seguridad que ha tenido lugar este lunes en un intento por fortalecer la coordinación entre las Fuerzas Armadas y la Policía ecuatoriana; un día después del fallecimiento de Intriago al ser objetivo de un tiroteo en el que también murió una mujer que recibió el impacto de una bala.
Lasso ha informado de que en cuanto al caso del alcalde, la Policía ha detenido a un sospechoso que se encuentra hospitalizado bajo custodia policial. Además, los investigadores están analizando cuatro teléfonos móviles y un vehículo utilizado en el ataque que había sido robado.
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Ecuador
«Estas muertes nos duelen y al mismo tiempo nos convocan como país. La violencia criminal es un asunto de Estado y para ello se requiere de la administración de justicia haga su parte. La impunidad es un mensaje negativo para la sociedad», ha manifestado el mandatario a través de su perfil en la red social Twitter.
Durante los primeros meses de 2023, Ecuador ha sufrido un repunte de la violencia armada con el cometimiento de homicidios, asesinatos y sicariatos. Según los datos de 2022 recogidos por el portal especializado Insight Crime, Ecuador registró una tasa de homicidios de 25,9 por cada 100.000 habitantes. Una de las más altas de Latinoamérica.
Los niveles alarmantes de violencia han sido claves en la crisis política que atraviesa el país, donde el presidente Lasso ha disuelto la Asamblea Nacional, controlada por la oposición, ante la imposibilidad de gobernar. El mandatario autorizó a principios de abril la «tenencia y porte de armas de uso civil para defensa personal», entre otras medidas; para intentar frenar la incipiente inseguridad, vinculada en el auge del narcotráfico.
