El Gobierno aplicará la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz dentro de un eventual proceso de arbitraje con la siderúrgica india Jindal, según anunció ayer la ministra de Defensa Legal del Estado, Elizabeth Arismendi.
El contrato de riesgo compartido entre la Empresa Siderúrgica del Mutún (ESM) y Jindal Steel Bolivia (JSB) establece el arbitraje en territorio nacional y bajo leyes bolivianas, una vez que se agoten todos los recursos de solución de controversias entre ambas partes.
Explicó que las instancias legales contempladas para el posible arbitraje en territorio nacional son «tribunales especiales, (que estarán) de acuerdo también con la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz».
El contrato establece también plazos y programas de inversión, así como sanciones por incumplimiento de esta última, recordó a su vez el vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera.
«El objetivo es una sanción para que Jindal enmiende de inmediato los procesos de inversión comprometidos. La empresa (Jindal) firmó un contrato y se comprometió a que si no cumplía ciertas responsabilidades, le venía la sanción (…). Este es un Estado serio, y el que firma un contrato e incumple el contrato, (su sanción)», afirmó el Mandatario.
Arismendi también anunció que se prepara la estrategia legal para anticipar cualquier contingencia con la empresa Jindal. «El ministerio está haciendo los estudios preliminares, es decir, acumulando todos los antecedentes y haciendo los estudios necesarios en coordinación con los demás ministerios para poder responder en un eventual arbitraje».
