En dos años y cuatro meses, el Gobierno decomisó y almacenó en galpones alquilados 771 toneladas de coca desviadas al narcotráfico. La coca está protegida y no puede ser destruida, por lo que se estudia proyectos para su industrialización.
La información la proporcionó el director de Comercialización e Industrialización de la Coca (Digcoin), Luis Cutipa, quien reconoció que no saben qué hacer con el producto decomisado que, antes de la vigencia de la Constitución Política del Estado, era incinerado.
En los últimos 28 meses se secuestró más de 771 toneladas de coca destinadas al narcotráfico. Al margen de este total, «el año pasado se quemó 400.000 libras, cumpliendo la Ley 1008 (de Régimen de la Coca y Sustancias Controladas de 1988), pero este año no la estamos incinerando», dijo.
El artículo 384 de la Constitución, promulgada el 7 de febrero del 2009, reconoce y protege a la coca. «El Estado protege a la coca originaria y ancestral como patrimonio cultural… en su estado natural no es estupefaciente», refiere parte del artículo.
La mayor cantidad de coca almacenada se secuestró en operativos ejecutados en La Paz, Cochabamba, Santa Cruz y Oruro. El producto se encuentra depositado en almacenes, en su mayoría alquilados por el Gobierno, informó el director de Digcoin.
«Una parte se guarda en Cochabamba, donde tenemos un galpón grande; en La Paz hay cuatro depósitos alquilados. En Oruro tenemos otro ambiente grande en alquiler; en Santa Cruz hay una casa en comodato con varios cuartos; en Tarija tenemos alquilados otros ambientes», explicó la autoridad.
La coca se mantendrá en depósitos hasta que se consoliden proyectos de industrialización. Comercializadores explicaron que el producto almacenado por mucho tiempo no es apto para el consumo, por lo que necesariamente debe analizarse otras alternativas de uso.
La administración del presidente Evo Morales encara la construcción de plantas de industrialización de la coca en las zonas productoras de los Yungas y el Chapare. Se calculó que las plantas demandarán la producción de 4.000 hectáreas.
Hasta antes de la vigencia de la nueva Constitución, la coca secuestrada era incinerada en aplicación a la Ley 1008. Ahora, la estructura constitucional prevé su revalorización, producción, comercialización e industrialización.
Un informe de la Organización de las Naciones Unidas refiere que hasta el 2008 existían 32.500 hectáreas de coca.
Cutipa informó que, a través de una resolución administrativa del 2006, se estableció donar un máximo de cinco taques de coca (cada una de 50 libras) secuestradas, a las organizaciones sociales que lo requieran.
Encuesta del consumo de la coca
El Instituto Nacional de Estadística (INE) realiza la encuesta nacional sobre el uso y consumo de la hoja de coca en hogares, que concluirá a fines de junio en su primera etapa. Los resultados serán la base sobre la cual se redactará leyes para la coca y el uso de sustancias controladas. La encuesta está financiada con 405 mil euros de la Unión Europea y 2,4 millones de bolivianos del Tesoro General de la Nación. Un estudio de la
Organización de las Naciones Unidas refiere que hasta el 2008 se contabilizó 32.500 hectáreas de coca en los Yungas y el Chapare.
Sanción administrativa a los que desvían coca
El director de la Digcoin, Luis Cutipa, informó que en lo que va del año 250 productores y comercializadores de coca fueron sorprendidos desviando el producto al narcotráfico. Los infractores fueron sancionados con la revocatoria de sus permisos de comercialización.
«Han infringido la Ley 1008 y son suspendidos definitivamente. Tenemos una reglamentación estricta para la comercialización, donde se establece que los comercializadores deben llevar la hoja a los puntos de venta identificados, pero algunos han infringido la norma», afirmó.
Los 11.500 productores y comercializadores de coca que tienen permiso legal son pasibles a procesos administrativos y hasta a ser procesados por la Ley 1008 si destinan la coca a fines ilícitos como el narcotráfico.
Según Cutipa, hay 5.800 productores de coca en todo el país que pueden comercializar seis taques (300 libras) de coca cada mes. De este grupo, 200 afiliados fueron sorprendidos desviando coca y, consecuentemente, infringiendo el reglamento.
Por otro lado, 5.400 comerciantes detallistas pueden llevar 10 taques (500 libras) de coca. 50 de estas personas desviaron la coca al narcotráfico.
«A algunos se les ha encontrado en pozas de maceración; en sus domicilios tenían acumulación de coca», reveló.
