El Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia, que preside Evo Morales pidió ayuda económica a Estados Unidos para incinerar 800 toneladas de coca incautadas a narcotraficantes, en medio de un debate sobre si la nueva Constitución impide quemar la hoja, consagrada como patrimonio cultural, informó hoy una fuente oficial.
El director de la oficina gubernamental de Comercialización e Industrialización de la Coca, Luis Cutipa, declaró a Efe que la petición la hizo en días pasados a la División de Asuntos Antinarcóticos (NAS) de la embajada de Estados Unidos en La Paz.
Sin embargo, la jefa de Cutipa, la ministra de Desarrollo Rural, Nemesia Achacollo, ha dicho a medios locales que la coca almacenada no debe ser quemada, sino guardada hasta que se concreten los proyectos gubernamentales de industrialización de la hoja.
«Vamos a utilizar la coca secuestrada, porque no podemos incinerarla. Estamos hablando de varias toneladas y eso tenemos que convertirlo en abono», dijo la ministra.
Según Cutipa, desde 2008 más de 800 toneladas de coca se han acumulado en depósitos y su dirección no tiene presupuesto para cumplir con la Ley de Régimen de Sustancias Controladas y Coca, conocida como Ley 1008, que ordena incinerar toda la coca decomisada a narcotraficantes, por lo cual acudió a la NAS.
La NAS respondió que tuvo un recorte de presupuesto, pero que de todos modos hará consultas a sus autoridades en Washington.
La nieración de un kilo de coca cuesta entre 1,80 y 2,40 bolivianos (entre cerca de 0,25 y 0,33 dólares) en gas y leña, de modo que la oficina de Cutipa necesita al menos 1,6 millones de bolivianos (unos 224.000 dólares).
El funcionario explicó que la Constitución promulgada por Morales en 2009 establece que «la coca es sagrada, patrimonio cultural», pero no prohíbe quemarla, y la Ley 1008 si ordena incinerar la decomisada a narcotraficantes.
«Hay un vacío legal y, por tanto, lo que no está prohibido se puede seguir haciendo, mientras haya una norma», apuntó.
La Constitución dice que «el Estado protege a la coca originaria y ancestral como patrimonio cultural, recurso natural renovable de la biodiversidad de Bolivia, y como factor de cohesión social», y que «en su estado natural no es estupefaciente».
El Gobierno de Morales, líder de los sindicatos de la zona cocalera, gestiona ante la Comisión de Estupefacientes de la ONU la despenalización de la hoja de coca.
