La ministra de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción, Nardi Suxo, presentó hoy al Ministerio Público una acusación formal contra la ex ministra de Salud, Sonia Polo, presuntamente por favorecer a la empresa de juegos de azar, Lotex, con la ampliación de su contrato 20 años.
«Hemos denunciado a la ex ministra de Salud, Sonia Polo, bajo los delitos de incumplimiento de deberes y de resoluciones contrarias a la constitución y las leyes, ya que firmó una irregular resolución que no corresponde y favorece a la empresa Lotex», precisó en rueda de prensa.
Recordó que la denuncia contra la ex titular de Salud se procesó por instrucción presidencial, después de acumular indicios de la resolución firmada por Polo, que ampliaba la concesión de las casas de juego de azar en favor de Lotex.
«La ex ministra de Salud asumió una determinación unilateral al firmar una resolución para ampliar un contrato lesivo a los intereses del Estado a favor de Lotex», remarcó al reconocer que debe ser el Ministerio Público el que establezca responsabilidades.
La Ministra Anticorrupción recordó que en febrero pasado denunció ante la Fiscalía un millonario daño económico en Lotería Nacional de Beneficencia y Salubridad (LONABOL) que asciende a 64 millones de dólares.
Por esas irregularidades fueron denunciados los ex y los actuales ejecutivos de Lotería, además de personeros de la empresa Lotex.
«Debemos decir que las irregularidades hacen que el Estado boliviano sufra un daño económico de 64.000.000 de dólares, equivalente a 452.530.000 bolivianos que se acumularon entre 2002 y 2010», detalló.
Identificó una serie de supuestas irregularidades en la suscripción del contrato para la administración de juegos de azar entre Lotex y LONABOL.
En esa demanda se denuncia a Jorge Jordán Ormachea, ex presidente de LONABOL, a Álvaro Antelo, ex ejecutivo; Marco Antonio Cárdenas, actual ejecutivo; Rafael Amador, ex director jurídico; Ximena Prudencio, ex ejecutiva y contra representantes de Lotex, Elizabeth y Pedro Centeno, recordó la autoridad.
Todas esas personas están acusadas por delitos penales de uso indebido de influencias, conducta antieconómica, incumplimiento de deberes y contratos lesivos al Estado.
