El jefe del gobierno español y presidente de turno de la Unión Europea (UE), José Luis Rodríguez Zapatero, dijo hoy ser consciente del impacto de la crisis en los inmigrantes y afirmó que Europa se «responsabilizará» al respecto, al término de una cumbre eurolatinoamericana en Madrid.
«Hemos hablado del impacto de la crisis en los inmigrantes latinoamericanos en Europa. Tomamos nota. Nos responsabilizamos», prometió Zapatero, después de que varios países de América Latina mostraran su preocupación por el trato brindado a esa comunidad, en especial en tiempos de dificultades económicas. Los países de América Latina ven con «mucha preocupación el trato dado a inmigrantes en el mundo desarrollado, al que piden «evitar conductas y sanciones de leyes» discriminatorias, indicó en la cumbre la presidenta argentina, Cristina Kirchner.
En medio de la difícil situación que atraviesa Europa, Kirchner recordó que «en momentos de crisis económica y desesperación social» la sociedad tiende a «situar a determinadas comunidades como causantes de los problemas».
En la misma sintonía, el presidente boliviano, Evo Morales, afirmó que los inmigrantes latinoamericanos en Europa «no pueden ser expulsados» y pidió a los gobiernos europeos y en particular a España resolver esta cuestión «mediante diálogo y acuerdos».
Los flujos migratorios son uno de los grandes ejes de controversia entre América Latina y la UE, en particular tras la aprobación en 2008 de la «directiva retorno» europea, que prevé un periodo de retención de hasta 18 meses para los inmigrantes irregulares, la prohibición de ser readmitidos en Europa durante cinco años o la posibilidad de expulsar a menores.
En la declaración adoptada en la cumbre entre la Unión Europea (UE) y América Latina, ambos bloques subrayaron su compromiso de fomentar la «protección de los derechos humanos de todos» los inmigrantes.
No obstante, el documento no menciona la polémica ley adoptada por el Estado estadounidense de Arizona que permite detener a cualquiera que se sospeche que no tiene un permiso de residencia, aunque no esté implicado en ninguna actividad ilegal, pese a que países de América Latina reclamaban una condena
