Tres resoluciones conminan al comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, Ramiro de la Fuente, a desclasificar los archivos de 1980, que ayuden a encontrar a los desaparecidos de la dictadura, entre ellos, al ex líder socialista Marcelo Quiroga Santa Cruz.
La Resolución 259/2010 de la Sala Penal Primera declara inadmisible la apelación incidental que las FFAA interpusieron ante esa instancia de la Corte Superior de Distrito para evitar la apertura de documentación clasificada que está en su poder.
«El apelante no tomó en cuenta que las normas procesales son de orden público y de cumplimiento obligatorio, por lo que se hace inviable el recurso de apelación incidental interpuesto», justifica el documento que fue firmado el 26 de abril.
Asimismo, la Resolución 93/2010 de la Sala Penal Tercera también declara improcedente el recurso de apelación incidental planteada por Roberto Siles Terán en representación del general Ramiro de la Fuente.
Aclara que «no admitirá ulteriores recursos», disponiendo la devolución de obrados al juez Octavo de Instrucción en lo Penal, Róger Valverde.
A estas dos resoluciones se suma el Auto Supremo 125 de la Corte Suprema de Justicia, emitida el 1 de abril, donde «ordena» al Comandante, desclasificar los archivos existentes en el departamento 2do. del Estado Mayor.
El fiscal que investiga el caso de desapariciones forzosas, Milton Mendoza, dijo que esperará que se notifique al Comandante para efectuar una agenda para acceder a la información y posteriormente se haga la entrega de documentación, como mandan las resoluciones. «Hubo varias excusas del Comandante en Jefe, siempre fue que no le notificaron. Esperaremos que los oficiales de diligencia de la Corte notifiquen al Comandante para que inmediatamente nosotros pidamos el estricto cumplimiento de las decisiones judiciales», anunció.
Anita Urquieta, presidenta de la Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Mártires por la Liberación Nacional de Bolivia, señaló que con esas resoluciones «ahora el Ejército tiene que cumplir la ley y entregar a la Fiscalía toda la documentación para encontrar a nuestros familiares desaparecidos hace 30 años».
