Autoridades de tres departamentos de Bolivia, lideran hoy medidas de protesta en rechazo a un proyecto de ley oficialista que avanza en el Congreso y que busca suspender a sus gobernadores, los tres opositores.
Los comités cívicos de las regiones de Tarija, Santa Cruz y Beni convocaron a marchas y huelgas para defender a sus gobernadores, que fueron reelectos en abril y deben reasumir el 30 de mayo, aunque están amenazados de ser apartados de sus cargos por la ley en marcha.
En Tarija «se cumple este viernes una huelga general», dijo la dirigente del Comité Cívico, Patricia Galarza, a la AFP, señalando que el transporte se unió a la protesta, por lo cual la paralización es importante.
«Tras una primera evaluación, debemos decir que el paro en Tarija es contundente», afirmó.
En Santa Cruz está prevista una marcha y un cabildo público para este viernes, al igual que en Beni, donde la dirigencia convocó a caminatas callejeras.
Los oficialistas «quieren hacer lo que quieren, quieren tener control de todo, de la justicia, de las gobernaciones», dijo el gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas.
Las movilizaciones se realizan en rechazo a un proyecto de ley del oficialismo, aprobado ya en primera instancia en el Senado, que señala que las autoridades regionales o municipales pueden ser apartadas de sus cargos si existe algún tipo de acusación pendiente sobre ellas.
Los opositores argumentan que con la nueva ley el gobierno de Evo Morales podrá suspender a las autoridades regionales tras una acusación emitida por un juez, sin siquiera llegar a la sentencia.
Es el caso de los gobernadores Costas (Santa Cruz), Mario Cossío (Tarija) y Ernesto Suárez (Beni), que han sido acusados por el gobierno de utilizar fondos públicos para realizar referendos ilegales sobre autonomía en 2008.
A falta de oposición política, Costas, Cossío y Suárez se han convertido en los grandes obstáculos para que Evo Morales –que varias veces los acusó de complotar contra su administración– pueda implementar su política estatista e indígena.
El control para el gobierno es importante porque Santa Cruz es el departamento más rico del país (produce cerca del 30% del PIB boliviano), Tarija tiene las principales reservas de gas y Beni es una importante región agrícola y ganadera.
El oficialismo criticó en todos los tonos las protestas regionales y dijo que su ley no es una persecución política sino que busca establecer una política anticorrupción, pues los gobernadores ahora no podrán hacer un uso discrecional de fondos públicos.
«Esta es una ley contra la impunidad, se acabó la impunidad de los gobernadores y alcaldes», dijo el vicepresidente Alvaro García.
Los conflictos reflotan -según medios de prensa locales- la confrontación política entre el gobierno y las regiones opositoras, tónica permanente desde que Morales llegó al poder en 2006, y que en 2008 puso al país al borde de una guerra civil.
A partir de esa fecha Morales se ha fortalecido, y más aún a partir de diciembre pasado, cuando fue reelegido en la presidencia con 64% de los votos, mientras en el Congreso tiene una mayoría absoluta en las dos cámaras.
Ese dominio llega al sector judicial, donde la oposición se queja de la remoción de autoridades a las que el gobierno considera contrarias.
