Después de poco más de tres horas de audiencia en una sala improvisada en las instalaciones de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen, la Juez Betty Yañíquez ordenó la detención domiciliaria, arraigo y prohibición de hablar con los medios de comunicación y con los implicados en el caso de supuesto terrorismo para Ronald Castedo, Juan Carlos Santisteban y el general retirado Gary Prado Salmón.
El fiscal que investiga el caso, Marcelo Soza, solicitó la detención domiciliaria por la imputación de alzamiento armado y terrorismo y el representante del Ministerio de Gobierno pidió la detención preventiva de los tres acusados. La juez determinó que guarden arresto domiciliario, dado que presentaron domicilio conocido, familia establecida y trabajo, por tanto podrán desempeñar sus actividades laborales de 7.00 a 21.00 de lunes a viernes y sábado por la mañana.
Castedo no demostró horarios de trabajo por su actividad ganadera, por lo que tiene arresto domiciliario sin goce de horas de salida por trabajo. Soza presentó evidencias que supuestamente implican a los imputados con el caso, tales como correos electrónicos entre Eduardo Rózsa y Santisteban, y en el caso de Castedo un video que se quemó en un CD en el CPU de su propiedad.
