Al menos 49 personas han muerto como consecuencia de los enfrentamientos en Kingston entre soldados y policías con grupos afines al narcotraficante Christopher Dudus Coke, al que las autoridades quieren extraditar a EEUU, informó una fuente oficial.
Tras cuatro días de enfrentamientos en Kingston, la capital, continúa la escalada de violencia entre las fuerzas de seguridad jamaicanas y los seguidores de Coke, fuertemente armados.
Las fuerzas de seguridad de Jamaica no han logrado todavía controlar los barrios de Tivoli Gardens y West Kingston, en la capital, donde Coke cuenta con el apoyo masivo de la población.
«Sabemos que hay 35 cuerpos de civiles en el depósito de cadáveres y, cuando nos fuimos la pasada noche, había otros nueve cadáveres que fueron recogidos por las ambulancias», señaló Herro Blair, el defensor del Pueblo que investiga las quejas de los ciudadanos contra los políticos.
A estos 44 cadáveres, hay que agregar otros cinco muertos ya contabilizados antes y de los cuales dos son policías y uno un soldado del Ejército de Jamaica.
Blair agregó que habían visto unos trescientos hombres detenidos por los cuerpos de seguridad del país, por lo que, quizá, «muchos más hayan muerto a manos de las fuerzas de seguridad que no sean tan tolerantes».
El Gobierno de EEUU había pedido la extradición de Coke en agosto del 2009, pero las autoridades del país caribeño retrasaron la decisión hasta la semana pasada.
Primer Ministro niega relación con el narco
El primer ministro de Jamaica, Bruce Golding, desmintió el informe de una cadena de televisión estadounidense que lo vinculaba con el presunto narcotraficante Christopher Dudus Coke, cuya solicitud de extradición ha desatado una oleada de violencia en Kingston.
Louis Grant, portavoz de Golding, dijo en un comunicado que la cadena de televisión ABC estaba equivocada. Las informaciones de ABC lo describían a Golding como un «conocido delincuente afiliado» a Coke.
Añade que Golding también está indignado con un artículo del periódico británico The Independent en el que se indicó, según el Gobierno, que el supuesto narcotraficante tenía al Primer Ministro en la nómina de políticos a los que pagaba.
