La falta de quórum en las salas plenas de las cortes de Distrito de Santa Cruz, Oruro, Potosí y Beni se extendió a Chuquisaca, donde renunciaron dos vocales ante las reformas que se perfilan y que anticipan la remoción de autoridades judiciales.
Los vocales Wilbur Daza y Marcela Ortiz presentaron la dimisión a su cargo, que se hará efectiva a partir del 1 de junio próximo. Con estas renuncias, suman cinco las acefalías en la sala plena de la Corte de Distrito de Chuquisaca.
La sala plena está compuesta por 10 vocales, por lo que las cinco acefalías la dejan sin quórum para resolver temas como la designación de jueces y otros de índole administrativo.
El vocal César Suárez expresó su preocupación por esta situación. «Va a existir una sobrecarga de procesos y no se podrá aprobar, en salas plenas, ninguna resolución», explicó.
La renuncia de los dos vocales, según reportó ANF, se debe a que advierten las dificultades para el cumplimiento de las labores judiciales ante, entre otros aspectos, una eventual finalización de la carrera judicial, a partir de la aplicación de las reformas que se alientan en materia de justicia.
La falta de quórum en las salas plenas se replica en las cortes de Distrito de Santa Cruz, Oruro y Beni, que fueron afectadas por la decisión del Consejo de la Judicatura de destituir a 14 vocales por ejercer el cargo de forma irregular
El consejero Rodolfo Mérida atribuyó las renuncias en el caso de Chuquisaca a una decisión personal. El presidente de la Corte Suprema, Julio Ortiz, evitó referirse al tema, pero sostuvo que cualquier renuncia en la administración de justicia «preocupa».
La carrera judicial
El proyecto de ley del Órgano Judicial prevé la eliminación de la carrera judicial porque perfila que los actuales vocales de Distrito y jueces serán removidos del cargo cuando se designen a nuevas autoridades.
La antigua Constitución Política del Estado en su parágrafo VII, artículo 116, refería que la ley prevé «el escalafón judicial y las condiciones de inamovilidad de los ministros, magistrados, consejeros y jueces».
Bajo este paraguas constitucional se construyó la carrera judicial, que no es reconocida en la actual Constitución, vigente desde el 7 de febrero del 2009 y sobre la cual se construye la nueva estructura jurídica.
