A unos 500 uniformados de la Policía les habrían estafado al menos 1,7 millones de dólares con la promesa de adjudicarles lotes de terreno en predios policiales de Següencoma. En el hecho están vinculados uniformados, por lo que el Comando General anunció una investigación.
La denuncia, a la que accedió La Razón, se remonta a 1998. En ese entonces, el comandante de la Policía, general José Luis Medina, ordenó a su jefe del Departamento de Bienes e Infraestructura, Adolfo Castro, iniciar trámites para la dotación de lotes de terreno.
Esas propiedades estaban ubicadas dentro de las 600 hectáreas que posee la Policía en el fundo denominado «Colinas de Alto Següencoma», cedido en 1952 por el entonces presidente, Víctor Paz.
A través de la Mutual de Seguros de la Policía (Musepol), se facilitó un préstamo de 903 dólares a cada interesado, que debía depositar el dinero en el Banco de Crédito a nombre de la empresa consultora CEAT SRL para que realice estudios de habilitación de tierras.
En la cuenta bancaria se depositó 1,6 millones de dólares en dos años, pero no se habilitaron las tierras ofrecidas. Sólo se presentó planos del fundo que no cumplen con las normativas de la Alcaldía.
La información señala que no hubo ninguna dotación de terrenos o titulación formal de los lotes que se prometió, con una extensión de 300 m2. Tampoco se devolvió el dinero y los afectados pretenden apropiarse de esos terrenos de propiedad policial, explicó la fuente de la institución.
El hecho se conoció el 2004, cuando se planteó una demanda judicial. «Dos años más tarde se archivó el caso por causas aún desconocidas», indicó la fuente.
La misma situación sucedió entre el 2006 y el 2009, cuando se abrió la cuenta mancomunada del Banco de Crédito para que nuevos beneficiarios depositen 650 dólares. Del 2006 sólo se contabilizó 21.250 dólares depositados en la cuenta del coronel Javier Mendoza y el ingeniero Enrique Sarmiento.
No se conoce el monto de dinero que se recaudó el 2009. La Dirección Nacional de Bienes e Infraestructura solicitó al comandante de la Policía, general Óscar Nina, se instruya una auditoría especial para establecer irregularidades e identificar a los responsables del mal uso de los bienes policiales.
El documento recuerda que la solicitud fue hecha, sin resultados, al ex comandante de la institución policial, general Víctor Hugo Escóbar. En la zona de Yunguyo, Río Seco y Achocalla también se habrían adjudicado terrenos a personas particulares.
Iniciarán una auditoría
El Comando General de la Policía afirmó que ordenó una auditoría técnica, legal y administrativa al manejo de los bienes de la institución del orden para establecer posibles irregularidades.
«Se está instruyendo una inmediata auditoría para determinar los respaldos con los que actuaron fraudulentamente los involucrados en el uso de bienes de la Policía», refiere un comunicado.
Más adelante, advierte a las personas que estén actuando de manera ilegal con asentamientos y construcciones en los terrenos que corresponden a la Policía, que se van a iniciar procesos y se van a sanear «todos los terrenos de la Policía para sentar precedentes y presencia sobre algunas acciones que de manera ilícita se hayan cometido, sean jefes, policiales o personas que nada tengan que ver con la institución».
El Comando también está proponiendo la creación de una comisión que establezca antecedentes históricos de los hechos.
