El Gobierno pretende dar un mensaje claro. Quienes han pasado por cargos públicos deberán preocuparse. Quienes son actualmente funcionarios públicos más aún. Y es la misma Constitución que taxativamente aplica la imprescriptibilidad y no admite régimen de inmunidad alguno para los delitos cometidos por servidores públicos que atenten contra el patrimonio del Estado y causen grave daño económico (Art. 113). Y la Ley «Marcelo Quiroga Santa Cruz» fija los procedimientos destinados a prevenir, investigar, procesar y sancionar actos de corrupción cometidos por servidores públicos y ex servidores públicos, en el ejercicio de sus funciones, y personas naturales o jurídicas y representantes legales de personas jurídicas, públicas o privadas, nacionales o extranjeras que comprometan o afecten recursos del Estado.
Para esto, establece que la potestad para ejecutar la pena prescribe en diez, siete o cinco años, dependiendo el caso a partir de la notificación con la sentencia condenatoria, pero no procederá la prescripción de la pena, bajo ninguna circunstancia, en delitos de corrupción.
Y se está dejando un mensaje claro: todos los funcionarios públicos deberán observar estrictamente el principio de probidad, que implica una conducta funcional honesta en el desempeño de su cargo con preeminencia del interés público sobre cualquier otro. Sin embargo, también se debería aclarar que el Estado tiene que ser diligente en la persecución penal, previo juicio justo, tanto en tiempo como en la aplicación de la sanción acorde con el delito cometido. Ni siquiera una ley posterior y de excepción podría limitar o violentar un derecho constitucional adquirido que es parte de las garantías del debido proceso, como bien señala uno de los íconos más importantes del Derecho Penal del siglo 21, el profesor Günther Jakobs.
Tanto el Presidente como el Vicepresidente del Estado Plurinacional, en sus discursos de posesión emitieron un mensaje de compromiso para el manejo responsable de la mayoría legislativa, y de respeto al nuevo marco constitucional que continúa preservando las normas básicas de división y coordinación de poderes; pero es importante también, que a tiempo de recoger el mensaje de transparencia, el Órgano Legislativo Plurinacional recoja las experiencias históricas que obligaron a poner controles a un eventual abuso del poder.
