En el estricto orden jurídico, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) intenta salir a flote después de un largo tiempo en el que las vacancias de autoridades impidieron el tratamiento de miles de causas rezagadas. La importancia de esta institución con sede en Sucre radica en que se ocupa nada menos que de controlar el respeto a los preceptos de la Constitución Política del Estado. Si esto, de por sí, denota un valor supremo, el hecho circunstancial de que la Carta Magna boliviana se encuentre en una etapa naciente, sin dudas, le confiere al Tribunal una significación extra.
Sobre la Asamblea Legislativa recayó la responsabilidad de establecer los lineamientos generales, primero, del nuevo Órgano Judicial y, ahora, del primer TCP mixto de la historia. A partir de las elecciones nacionales previstas para el 5 de diciembre, esta instancia estará compuesta por siete magistrados titulares y siete suplentes. Al menos dos de ellos provendrán del sistema indígena originario campesino.
En el proyecto de ley, algunos de los artículos llegaron a la fase final de su aprobación envueltos en una fragosa polémica. Uno fue especialmente controvertido, el que versaba sobre la «supremacía constitucional» y que finalmente reconoció la labor de «guardián de la Constitución» del TCP para la interpretación jurídica de la misma y, por otro lado, la de «intérprete auténtico de la Constitución» de la Asamblea Legislativa.
De inmediato se encendieron las luces de alerta ante la probabilidad de que la política se inmiscuyera en la justicia. La abierta intención del Gobierno de provocar un cambio en el Órgano Judicial —ciertamente necesitado de medidas para acabar con la retardación y la corrupción—, siempre generó susceptibilidades en la oposición.
En esta oportunidad, el emisor de las leyes (la Asamblea Legislativa Plurinacional) tendrá la potestad de interpretar, como intérprete auténtico, la constitucionalidad de las mismas. ¿Significará esto que los legisladores podrán revisar los dictámenes del Tribunal? De ser así, la Asamblea se convertiría en juez y parte. El TCP no puede ser controlado por un órgano político. Como todo árbitro, tiene que ser imparcial y regirse con criterios técnicos.
Nadie podrá negar lo positivo de que se complemente el soporte legal para el funcionamiento del TCP. Pero tampoco desconocer el elevado perfil de la Asamblea Legislativa en esta ley, con relación a un órgano judicial independiente como éste.
