Una resolución de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Empresas (AEMP) prohíbe que las compañías suscriban contratos de exclusividad con sus distribuidores. Sin embargo, el ente regulador retrocedió en su intención de obligarles a publicar su estructura de costos.
«Ninguna empresa que opere en Bolivia podrá imponer condiciones u obligar a otros agentes económicos a comercializar de manera exclusiva sus productos o marcas, subordinando la celebración de contratos a la aceptación de prestaciones suplementarias que no tengan relación con el objeto de tales contratos», señala en su disposición primera la Resolución Administrativa 001/2010 de la AEMP.
Su director, Óscar Cámara, dijo a La Razón que «hemos encontrado varios productos y empresarios que están en todo el eslabón de producción y también en toda la cadena de comercialización y por tanto están copando el mercado. Hay alianzas, acuerdos concentrados entre dos o tres empresarios que controlan el mercado».
La norma establece además que los acuerdos entre empresarios y puntos de venta que contengan condiciones referidas al comodato o préstamo de muebles (heladeras, conservadoras, stands de exposición, carteleras luminosas, enseres u otros), «no podrán servir como fundamento para exigir o imponer condiciones de exclusividad en la comercialización de los productos o marcas de la firma comodante o para imponer cualquier sanción».
La resolución prohíbe todo contrato de comercialización que contenga condiciones de exclusividad subordinados a cualquier condición que no sea la eficiencia económica. El titular de la AEMP sostuvo que los contratos exclusivos que ya se hubieran firmado «quedan sin efecto» debido a que son «ilegales y también inconstitucionales».
El miércoles, Cámara anunció que la resolución obligaría a los empresarios a poner en conocimiento de los usuarios su estructura de costos para evitar «subidas unilaterales de precios» en 20 productos de consumo masivo, entre ellos la cerveza, las gaseosas y el cemento. La norma no contempla esta disposición. «Preferimos abocarnos a la defensa de la competencia», afirmó la autoridad.
En ese sentido, la resolución señala que los bienes que la empresa pudiera entregar en comodato «sólo podrán ser utilizados para la exposición y comercialización de los productos y marcas del comodante, salvo pacto en contrario». Lo anterior excluye a las mesas, sillas, manteles y otros enseres utilizados para la atención de los clientes en los puntos de venta.
Se habilitan denuncias
La resolución indica que todo agente económico afectado con contratos o actos «que limiten su derecho a ejercer el comercio de forma libre e irrestricta» podrán denunciar a los responsables para su sanción.
Hay tres sanciones
El director de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Empresas, Óscar Cámara, afirmó que las empresas que infrinjan la resolución administrativa podrán ser pasibles a una llamada de atención, una multa económica o incluso a la cancelación de su matrícula de comercio.
Alistan la ley de la competencia
El director de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Empresas (AEMP), Óscar Cámara, anunció que la resolución que prohíbe la firma de contratos de exclusividad servirá de base para la elaboración de una ley de la competencia.
«Con ello (la resolución) estamos dando inicio a la redacción de una ley de competencia que va a permitir la configuración de un nuevo escenario de mercado, más plural, más democrático», dijo la autoridad a este medio.
Explicó que la futura ley va a reflejar el modelo económico establecido en la Constitución Política del Estado. «El mercado debe garantizar las cuatro formas de organización económica (comunitaria, estatal, privada y social cooperativa)», añadió. «El anterior modelo privilegiaba sólo a un sector ese sector, expresó la autoridad.
El miércoles, el presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), Daniel Sánchez, planteó un trabajo conjunto con el Gobierno «para luchar contra el contrabando y generar una ley de defensa de la competencia y una de defensa del consumidor».
Cámara aseguró que «estamos en la firme convicción de convocarlos (a los empresarios) para la redacción de la ley», pero «vamos ser firmes en defender la filosofía de la Constitución».
La AEMP espera remitir el proyecto de ley a la Asamblea Legislativa a principios de agosto, complementó su director.
