El Gobierno de EEUU demandó al estado de Arizona por su ley antiinmigrante, que permite a la Policía detener a personas bajo sospecha de estar indocumentadas, y pidió al juez que suspenda de forma preliminar su entrada en vigor.
La acción legal se añade a otras cinco demandas ya presentadas por particulares y organizaciones de defensa de los derechos de los inmigrantes, que intentan acabar con una ley que ha vuelto a colocar el tema migratorio en el centro del debate político.
El argumento usado por el departamento de Justicia es que la norma, que entraría en vigor el 29 de julio, viola la Constitución estadounidense pues con ella Arizona se ha adjudicado competencias en materia de inmigración.
