El Gobierno plantea castigar con condenas de 15 a 20 años a personas que financien actividades vinculadas con el terrorismo, y «bloquear» las cuentas bancarias de los posibles sospechosos, según prevé un proyecto de Ley de Financiamiento del Terrorismo.
El proyecto fue presentado ayer en el taller sobre el marco jurídico universal de lucha contra el terrorismo que se realizó en La Paz, con la participación de representantes de la Oficina contra la Droga y el Delito de las Naciones Unidas (UNODC) y la Organización de Estados Americanos (OEA).
El artículo 1 del proyecto propone incorporar al Código Penal la tipificación del delito de financiamiento del terrorismo. El financiador —prevé— es el que «de manera directa, indirecta, y deliberadamente proveyera, recolectare, transfiriere, entregare, adquiriere, poseyere, negociare o gestionare fondos, bienes, recursos o derechos…con la intención de que se utilicen en todo o en parte para financiar el delito de terrorismo…».
La sola intención será objeto de persecución y sanción penal. Ante la supuesta comisión del delito o ante la flagrancia, se requerirá el congelamiento de fondos y activos financieros de personas que cometan, intenten, participen o lo faciliten. Se prevé una condena de 15 a 20 años de cárcel contra los financiadores.
Un operativo policial, ejecutado el 16 de abril del 2009 en Santa Cruz, desarticuló a un supuesto grupo terrorista liderado por el abatido Eduardo Rózsa. La Fiscalía aseguró que el grupo, que pretendía dividir Bolivia, contaba con el apoyo económico de líderes político-empresariales cruceños.
Fernanda Lombardi, especialista en prevención del terrorismo de la UNODC, destacó la iniciativa nacional y la ratificación de 12 de 16 instrumentos internacionales de lucha contra el terrorismo.
El ministro de Gobierno, Sacha Llorenti, explicó que, con la iniciativa que se perfila aprobar, el Estado boliviano ratifica «su plena intención y acción contundente de luchar contra el terrorismo».
En este marco, también pidió a NNUU y a la OEA que contribuyan a que sus países miembros, donde estarían algunos acusados en el caso terrorismo, entreguen a la justicia a los que huyeron por estar vinculados al caso Rózsa.
Acusados como Branko Marinkovic, Hugo Achá y David Cejas, entre otros, estarían, unos en Estados Unidos y otros en Brasil. El proyecto prevé condena de 5 a 10 años de cárcel al que adquiera bienes o recursos del terrorismo. Este proyecto prevé ser la antesala a la ley contra el terrorismo.
Buscan a Sejas en Brasil
El fiscal del caso terrorismo, Marcelo Soza, indicó que se activará una orden de captura internacional contra el ex unionista David Sejas, que informó el lunes que se encontraba en Brasil. Soza sostuvo que recibe declaraciones de funcionarios de la telefónica Cotas.
Piden a Brasil expulsar a Tapia
El Gobierno, a través de la ministra de Justicia, Nilda Copa, solicitó a su par de Brasil rechazar el pedido de asilo político que hizo el juez cruceño Luis Tapia Pachi, procesado por demandar la jurisdicción del juicio por el caso terrorismo.
El juez señaló el lunes que se encontraba en una ciudad fronteriza de Brasil y que había solicitado asilo político por considerarse un perseguido político a raíz del juicio en su contra.
«Esperamos que no vayan a acoger a los delincuentes», sostuvo Copa, quien añadió que el tema será analizado para formalizar ante Brasil el pedido de rechazo al asilo político.
Autoridades de los ministerios de Relaciones Exteriores, Justicia, Defensa Legal del Estado y de Gobierno analizarán este tema, precisó la ministra.
Pachi demandó la jurisdicción del caso terrorismo, por lo que se lo acusó de incumplimiento de deberes, prevaricato y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes. Este pedido generó un conflicto de competencias y al final el caso radicó en La Paz.
