Sucre – Una sentencia constitucional autoriza a fiscales, funcionarios de la Defensoría de la Niñez, responsables de centros de acogida y policías a disponer la internación inmediata en albergues de niños o niñas que se vean involucrados en hechos de violencia.
Antes de la disposición, el juez del menor era el único que podía autorizar el traslado. «Los fiscales, los encargados de estos centros de acogida, ahora podrán actuar a cuenta propia sólo a condición de que posteriormente den a conocer sobre su determinación al juez de la niñez», explicó el portavoz del Tribunal Constitucional, Ernesto Mur.
El vocero resaltó que la medida es de protección social y aplicable cuando los derechos de los menores estén amenazados o vulnerados no solamente por personas particulares, sino por sus familiares, padres o personas que tienen la tutela momentánea.
Mur explicó que la determinación está contenida en la Sentencia Constitucional 287/2010, emitida el 7 de junio, a raíz de un caso presentado en la ciudad de La Paz.
El 27 de diciembre del 2007, la Defensoría de la Niñez conoció antecedentes sobre denuncias de familiares de cuatro menores afectados por agresiones físicas y psicológicas. Los mismos se habían visto implicados en un conflicto judicial por un inmueble.
En medio de ese complicado panorama se presentó el suicidio de la hermana mayor; sus hermanos fueron testigos de ese lamentable hecho. La Defensoría de la Niñez, con el fin de protegerlos, determinó internar a los menores en el albergue 1 de la Red 136, pero la determinación fue cuestionada legalmente por los padres de familia.
