Ante la detención del alcalde de Buena Vista, Vladimir Chávez, y la imputación a su colega de Camiri, Gonzalo Moreno, la oposición denunció que se quiere legalizar la persecución política a través de la Ley Marco de Autonomías (LMDA).
«Los borradores de la Ley Marco que nos hicieron llegar, no se referían a la suspensión temporal de autoridades por juicios que tengan a la sola acusación como preveía la Ley Corta que rechazamos y nuevamente han vuelto a introducir este tema. Con esto quieren legalizar la persecución», afirmó el secretario de Gobierno de la Gobernación de Santa Cruz, Vladimir Peña.
La noche del martes, el alcalde de Buena Vista, Vladimir Chávez, de la Alianza Verdes, fue detenido acusado por el MAS de haber trasladado gente en las elecciones y por supuesto uso indebido de los bienes del Estado. Hoy será puesto ante un juez cautelar.
Peña también informó que se ha imputado al alcalde electo de Camiri, Gonzalo Moreno. «Eso nos causa preocupación, porque el Gobierno central ha tomado al Poder Judicial a través de la Ley Corta…también ha sometido al Poder Judicial o gran parte de él para legitimar los derrocamientos de las autoridades elegidas por el voto popular», señaló Peña.
Por su lado, Óscar Urenda, vocero de la agrupación Verdes manifestó que detrás de estas persecuciones se encuentran funcionarios del Gobierno Nacional y que el propósito es tomar el poder por la fuerza.
El Comité Cívico pro Santa Cruz condenó «la detención ilegal» del alcalde Vladimir Chávez, «sólo por pensar diferente y por haber ganado las elecciones municipales en esa población». Esta organización le dio su pleno respaldo.
