¿Alguna vez hizo una pausa en la calle Eloy Salmón para ver la cantidad de productos que se venden? ¿Se preguntó cuál es la procedencia de esa mercadería? Claro que sí, todos lo hicimos y llegamos a la misma conclusión: el movimiento económico del contrabando es impresionante. Pero además de ello, de la admiración (y a veces envidia) que suele causar tremendo negocio, habrá que decir que en esa calle se consuman infinidad de delitos todos los días, a cada hora, a cada minuto y a vista y paciencia de miles de personas.
Cada vez que se vende un producto que ingresó al país por contrabando se cierra la cadena del delito, ese que comenzó cuando la mercadería ingresó a Bolivia burlando los controles aduaneros, en muchos casos amparado en otra transgresión: la corrupción.
Las calles donde hay piedra libre para el delito del contrabando son miles en todo el país y lo más que se hace, de vez en cuando, es cerrar los negocios por tres días con el argumento de que no dan factura. Luego la actividad vuelve a la normalidad y ¡a delinquir se ha dicho!
A principio de los años 80, los narcotraficantes hacían lo mismo en Shinaota, vendían su mercancía en ferias y sin ningún control. Uno hasta podía dar una probadita a los diferentes productos que se ofrecían para elegir la droga mejor elaborada.
Entonces, el 19 de julio de 1988, el gobierno de Víctor Paz Estenssoro aprobó la Ley 1008 de lucha contra el narcotráfico y la historia cambió, aunque no acabó con el problema.
Seguramente tampoco lo hará con el contrabando la ley aduanera que ahora promueve el Gobierno, pero al menos comenzaremos a ver una disminución de este delito que, entre otras cosas, atenta contra el despegue de la industria nacional y, en consecuencia, contra el desarrollo del país en su conjunto.
Por eso es que resulta inadmisible que haya gente en las calles reclamando que no se apruebe esa ley y, para colmo, con el argumento de que esta norma pondrá en peligro sus fuentes de empleo.
Con esa lógica, los pisacoca también deberían marchar en defensa de sus trabajos, reclamando que se cambie la 1008, para que no sea tan dura, para que no se confisquen los bienes de los comprometidos en este negocio.
Pero las cosas no son así, el delito es delito y la fuerza de la ley debe caer con todo su peso contra quienes lo cometen. A nosotros nos corresponde respaldar este tipo de medidas y todas las que contribuyan a eliminar el crimen, incluida la instalación de cámaras de vigilancia en oficinas aduaneras, que también fue rechazada en su momento. Esta vez el Gobierno no debe ceder ante la presión social, porque ceder significaría que el delito pudo más que la autoridad, que el contrabando pudo más que el narcotráfico.
