La Fiscalía de Distrito del Beni acusó formalmente al gobernador Ernesto Suárez, por causar daño económico al Estado al celebrar el 1 de junio de 2008, un referendo autonómico en el gastó 3.319.060 bolivianos de los recursos públicos destinados a la región.
La Contraloría General del Estado (CGE) informó en un comunicado que la Fiscalía del Distrito de Beni imputó a Suárez y a 12 funcionarios de esa Gobernación por los delitos de «malversación, resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, incumplimiento de deberes y conducta antieconómica».
Entre los fundamentos jurídicos, la Fiscalía señala que el Artículo 6, numeral II, de la Ley del Referéndum, Nº 2769 del 6 de julio de 2004, establece que «en tanto no exista un Gobierno Departamental electo por voto popular, el Referéndum Departamental será Convocado por el Congreso Nacional».
La acusación también alcanza a la ex presidenta de la Corte Departamental Electoral del Beni Zulema Gutiérrez y a cuatro ex vocales de ese órgano, por el delito de «desobediencia a la autoridad», debido a que la Corte Nacional Electoral tampoco avaló ese referendo.
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