«Vamos a cumplir con lo que está en la norma vigente (…). Tenemos que hacer la verificación en campo, las inspectorías forestales, el resultado nos determinará qué concesión se queda y qué concesiones se revierten al Estado», dijo ayer el director ejecutivo de la ABT, Cliver Rocha, en entrevista con radio Patria Nueva.
Según la autoridad, las concesiones no fueron sometidas a ninguna auditoría desde 1996. Precisó que la superficie actual de tierra forestal que está dentro de este régimen asciende a 3.724.873 hectáreas. De las mismas, el 58% está en Santa Cruz, el 26% en Pando, el 10% en Beni y el 6% en La Paz. «Eran otorgadas a grupos importantes de poder en las regiones», complementó Rocha.
Afirmó que más o menos 14 personas y un número menor de familias tienen 2.538.266 hectáreas en concesión y que otras nueve personas o familias poseen 523.528 hectáreas de concesiones maderables y no maderables (ligadas principalmente a la explotación de castaña). «Unas 30 familias podrían tener tres millones de hectáreas, eso muestra una estructura de monopolización de los recursos naturales que tenemos que empezar a debatir», acotó.
El director del ente regulador recordó que el reglamento de la Ley de Reconducción dispone que quien tenga una concesión maderable no puede tener una no maderable.
Por otro lado, Rocha señaló que debido a la disminución del costo de la patente forestal —establecida por un decreto del ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada el 2003— el Estado pierde $us 2,7 millones. Explicó que antes del decreto el país recibía $us 2,9 millones de los concesionarios, mientras que ahora la cifra llega sólo a $us 137.709.
Por hectárea, indicó, el titular de la concesión pagaba un dólar, lo que «se redujo el monto simbólico».
En ese sentido, manifestó, «hay que reponer la patente forestal» y expresó que eso se tiene que hacer mediante decreto porque la reducción «fue absolutamente ilegal, la patente de un dólar estaba en la ley y se la modificó con un decreto supremo».
A decir de Rocha, se prevé también subir las multas que se cobran por quemas y desmontes, actualmente de $us 0,20 por hectárea.
La tala y la quema va en aumento
Reporte
Los desmontes ilegales en el país llegan a 572.399 hectáreas y los legales, a 417.106 hectáreas.
Proyección
Según la ABT, si la deforestación no se frena Bolivia será un paraje desolado en menos de 20 años.
