El Ministerio de Salud detectó 154 títulos y certificados de egreso falsos de auxiliares de Enfermería, razón por la que inició un proceso contra seis personas, un ex funcionario de ese despacho, el director de un instituto y tramitadores.
El jefe de la Unidad de Transparencia y Anticorrupción del Ministerio de Salud, Ricardo Salazar García, informó a La Razón que el 2 de junio se realizó una audiencia de medidas cautelares contra seis personas acusadas de falsedad material por este caso.
«El proceso penal fue iniciado por la Escuela Nacional de Salud como consecuencia de la identificación de 154 certificados de egreso escaneados y con firmas falsificadas de la titular de la Escuela, que pretendían ser tramitados y registrados ilegalmente en el ministerio del área, al igual que en la entidad denunciante para obtener su matriculación», dijo la autoridad del ministerio. Se calcula que el daño económico para la Escuela Nacional de Salud es de 15.225 bolivianos.
Según la documentación entregada a este medio, la investigación que ahora está a cargo del Ministerio Público está dirigida contra Félix Cano Espejo, ex funcionario del Ministerio de Salud, y Justo Carvajal, Dina Condori, Miriam Vargas Robles, Félix Alurralde Castro y Sandra Requelín Murillo Palacios, identificados como tramitadores de títulos.
Además se indaga al director de un instituto de enseñanza y se prevé que la acusación será ampliada a otras personas.
Denuncias. El Jefe de la Unidad de Transparencia sostuvo que el caso salió a la luz pública a partir de una serie de denuncias de las personas afectadas, las que en su totalidad coincidieron en indicar que no habían realizado el trámite de manera personal y que acudieron a terceros (tramitadores), entregándoles toda su documentación para acelerar el proceso.
«Está el caso de Dominga Aruquipa, que el 10 de mayo del 2010 denunció a Justo Carvajal, quien se habría ofrecido a tramitar su título en provisión nacional, por lo que primero cobró 200 bolivianos y luego 100 bolivianos más.
También está la denuncia de David Cruz, que sindica a Félix Cano Espejo, ex funcionario del Ministerio de Salud, quien se comprometió a realizar el trámite del título en provisión nacional y la matrícula de Auxiliar de Enfermería pidiendo 500 bolivianos» a cambio, dijo.
La autoridad explicó que algunas de las personas que hicieron sus trámites a través de terceros sí realizaron los cursos de formación en Enfermería correspondientes y al momento incluso ejercen el oficio. Por ello, el Ministerio de Salud se comprometió a regularizar sus trámites, «siempre y cuando se haya corrido las instancias de ley en la Unidad de Recursos Humanos del ministerio».
En cambio se sospecha que hay otros certificados de personas que no llegaron a culminar la carrera, pero que habrían obtenido la documentación falsificada. En esos casos, sostuvo la autoridad, se procesará también al que incurrió en esta ilegalidad, que no solamente se remite a la ciudad de La Paz, sino que también se sospecha que haya en Cochabamba.
Es el caso de la denuncia presentada contra Lía Sahara Topoco Moroco y otras personas, acusadas de los delitos de falsedad material y uso de instrumento falsificado para obtener certificados y títulos de enfermería auxiliar.
Para aclarar casos como el precedente, el Ministerio de Salud instruyó a la Escuela Técnica de Salud Boliviano Japonesa de Cochabamba verificar los folders observados por el Ministerio de Educación en esa región, a fin de evitar mayores perjuicios.
Las bases de la investigación
El 30 de marzo del 2010 ingresaron a la Escuela Nacional de Salud 141 folders que estaban radicados en el Ministerio de Educación para la tramitación del título en provisión nacional en la carrera de Auxiliar de Enfermería. El proceso había sido detenido porque en estos casos se detectaron varias irregularidades.
El 8 de abril llegaron otras 17 carpetas, también observadas. Según datos del Ministerio de Salud, una comisión formada por la Escuela de Salud, la Unidad de Recursos Humanos y de Transparencia procedió a revisar los 158 folders y sólo cuatro pasaron a la siguiente fase.
En el resto (154) se evidenció que la documentación carecía de registro de ingreso a la Escuela de Salud y la firma de la directora de esta unidad había sido falsificada para legalizar certificados de egreso de los interesados.
Con estos antecedentes se detectó a los responsables de la falsificación y una vez que la Fiscalía conoció el caso, los seis sospechosos acudieron a una audiencia de medidas cautelares en la que la fiscal Virginia Arancibia solicitó la aplicación de medidas sustitutivas. Sin embargo, la jueza 4º de Instrucción en lo Penal, Margot Pérez, determinó detención domiciliaria, arraigo y presentación de dos garantes para el principal acusado, Félix Cano.
