Tras una jornada violenta protagonizada por los comerciantes minoristas, que incluyó el incendio de un almacén aduanero en la ciudad de Oruro, el Senado sancionó anoche el proyecto de Ley de Modificación al Código Tributario y a la Ley General de Aduanas.
La norma fue aprobada sin modificaciones, pero con el compromiso de que su reglamento será consensuado. Ayer, los gremiales se movilizaron en las ciudades de Santa Cruz, Cochabamba, Oruro y La Paz para protestar por las modificaciones a la Ley General de Aduanas que, según el Gobierno, endurecerá las sanciones contra el contrabando.
En Oruro la marcha de los gremiales recorrió las principales calles y avenidas de la ciudad. A las 12.40, los movilizados pasaban por la avenida Velasco Galvarro y al llegar a instalaciones de la empresa pública Depósitos Aduaneros Bolivianos (DAB) un grupo de comerciantes hizo explotar petardos, lo que habría provocado el incendio de uno de los depósitos.
«Esto es un patrimonio del Estado y de Oruro, hay un gran daño económico (…) De acuerdo con los vecinos del lugar, después de que pasó la movilización se produjo el incendio», expresó el gobernador Santos Tito.
El gerente regional de la Aduana Oruro, Ernesto Zaconeta, dijo a La Razón que según la versión de algunas personas que estaban en el lugar, los marchistas abrían lanzado a las instalaciones aduaneras algunos petardos que provocaron el incendio. La Aduana Regional Oruro se encuentra al lado de los DAB.
El Comandante departamental de la Policía, coronel Ramón Sepúlveda, informó de que existen cuatro detenidos y que las causas del incendio están en etapa de investigación. «Los informes preliminares dan cuenta que los marchistas estaban manejando bombas molotov artesanales, bolas de trapo con diesel, y que éstas fueron lanzadas al almacén provocando el incendio», afirmó.
El viceministro de Régimen Interior, Marcos Farfán, señaló que los detenidos son: Hugo Gutiérrez Canaza, Edwin Ramírez Tito, Juan Aguilar y Juan Baltazar. «El Ministerio Público está realizando las investigaciones para determinar su grado de participación en el delito de daño a la propiedad del Estado», sostuvo.
Zaconeta añadió que de acuerdo con la información preliminar recabada en el lugar, se quemaron cajas de cigarrillos, llantas, ropa, cajonería (adornos, vajillas) y electrodomésticos. La administración del almacén aduanero está bajo responsabilidad de la estatal DAB, quienes tendrán que brindar la información oficial de losdaños, agregó.
El dirigente de los Trabajadores por Cuenta Propia, Francisco Figueroa, dijo que su sector pide la actualización de la tabla de valores, la rebaja de aranceles para la importación de bienes, que el trámite aduanero se realice en 72 horas y que no exista allanamientos ni confiscaciones de bienes muebles e inmuebles.
En Cochabamba, los gremiales cerraron sus puestos de venta y salieron a las calles para protestar por la dureza de la norma. La movilización convulsionó el centro de la ciudad y a su paso obligó a las tiendas a cerrar sus puertas exigiendo se sumen a la medida. Una mesa de diálogo con personeros de gobierno y la misma reglamentación ofrecida a los transportistas fue el pedido de los comerciantes. «Todo lo que el gobierno dice por los medios de comunicación que nos lo de por escrito», dijo Enriqueta Imaca, dirigente del sector.
Choferes se mantienen al margen
El secretario ejecutivo de la Confederación de Choferes de Bolivia, Franklin Durán, dijo anoche que el Gobierno se comprometió a introducir sus demandas en el decreto reglamentario.»Se ha acordado que el Gobierno explicará en un ampliado que se realizará en Cochabamba los alcances de la nueva norma». Reiteró que su sector pide se garantice la libre transitabilidad y se mantenga la Declaración Única de Importación (DUI) y que de constatarse alguna alteración en la documentación, la responsabilidad será de los dueños de la carga.
Consensuarán reglamento de la norma
Tras sancionar la Ley de Modificación al Código Tributario y a la Ley General de Aduanas, la Cámara de Senadores aprobó anoche una resolución camaral que pide al Gobierno consensuar la reglamentación. La bancada del MAS informó que la iniciativa recomienda al Ministerio de Economía y Finanzas que convoque a los sectores afectados para redactar en común acuerdo el reglamento de la ley.
De esa manera se busca que la nueva norma sea comprendida y se aclare que no tendrá perjuicios para los gremiales y sólo castigará a los contrabandistas, explicaron los senadores Isaac Ávalos, Sandra Soriano, Andrés Villca y Rina Aguirre, del MAS.
El proyecto de ley, que pasó el lunes de la Cámara Baja al Senado, según procedimiento regular, debió ser recibido en el plenario y luego remitido a las comisiones de Justicia Plural y de Planificación, Política Económica y Finanzas para su análisis.
No obstante, fue sometido al procedimiento de «Dispensación de trámite y voto de urgencia», para poder ser debatido y aprobado en la misma sesión.
Los senadores masistas justificaron la premura en el tratamiento de la norma debido a que se encontraba postergada varios meses, por la prioridad que se dio en la Asamblea a otras leyes. La Cámara Baja agravó la sanción penal para los servidores públicos de 13 a 15 años.
