Luego de aprobada la Ley del Órgano Judicial, se presentó una ola de renuncias de vocales de Distrito y jueces que ponen en riesgo la administración de justicia, informó el decano de la Judicatura, Rodolfo Mérida. Hasta junio, se contabilizaron 162 renuncias.
No especificó en qué medida el número de renuncias se incrementó hasta la fecha, pero aseguró que los casos de esta naturaleza se registran «cada día». La presentación de cartas de renuncia es constante, insistió.
«Nos ha llamado la atención que muchos jueces estén renunciando argumentando motivos estrictamente personales, pero vemos que no es así. Hay preocupación dentro del Órgano Judicial», expresó Mérida, quien reconoció que esa situación es consecuencia de la vigencia de la nueva Ley Judicial, promulgada en junio.
Dijo que puede entender que se presente una o cinco renuncias, pero no las renuncias masivas que hacen notar «la poca responsabilidad para administrar justicia».
Según datos del Consejo de la Judicatura, en junio, 162 jueces y vocales habían renunciado y otros fueron despedidos por no presentarse a un examen de competencia. Entre este total están 42 renuncias a vocalías de Distrito, 74 en juzgados de Partido y 46 en juzgados de Instrucción.
Mérida informó que el Consejo está abocado ahora a llenar esas acefalías y que en breve se iba a enviar a las cortes las nóminas de los candidatos que fueron calificados luego de un proceso de exámenes de oposición para que sean las cortes distritales las que elijan a las nuevas autoridades.
«Lo primero que se ha hecho ha sido completar el número de vocales para que exista quórum. Ahora enviaremos las nóminas de los candidatos a jueces y las cortes elegirán a sus jueces y se llenarán esas acefalías», explicó.
La Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia designó en julio a 26 vocales para las cortes de Distrito de La Paz, Chuquisaca, Beni, Cochabamba y Santa Cruz. La Ley del Órgano Judicial (Ley 025) establece que ningún funcionario judicial puede abandonar sus funciones entretanto no se nombre a su reemplazante.
En ese sentido, Mérida aclaró que las cortes tienen la obligación de hacer conocer a los funcionarios que renunciaron que no pueden abandonar sus despachos para no crear un caos.
En Bolivia existen 775 juzgados y tribunales. 435 están en las ciudades capitales y El Alto, mientras que 340 se ubican en asientos judiciales de provincias.
El Consejo de la Judicatura resolvió más del 50 por ciento de los 800 procesos disciplinarios presentados contra funcionarios judiciales. Mérida hizo conocer la información durante la Rendición de Cuentas Públicas que se realizó ayer en La Paz, en el marco de la transparencia en el manejo del presupuesto.
Protesta por los cambios en la justicia
Algunos jueces y vocales que dejaron el cargo, protestaron por la «politización» de la justicia que se estaba realizando. Otros dijeron estar en desacuerdo con la reducción de sus salarios cuando sean igualados con lo que ganen los nuevos profesionales del área.
Capacitarán a líderes indígenas
El Órgano Judicial, a través de la futura Escuela de Jueces, capacitará a los abogados indígenas y líderes campesinos en justicia comunitaria para que puedan administrarla en el marco de principios, como el respeto a los derechos humanos.
La entidad, que reemplazará desde enero del 2011 al actual Instituto de la Judicatura, va a brindar capacitación a abogados indígenas, líderes comunitarios y otras instancias que practiquen esta justicia ancestral, informó el decano del Consejo de la Judicatura, Rodolfo Mérida.
«La Constitución y la futura Ley del Deslinde Jurisdiccional establecen la coordinación y cooperación entre estas jurisdicciones. Ahora se va a tener la posibilidad de compartir experiencias en los distintos tipos de jurisdicciones, establecidas en la Carta Magna», señaló.
En este sentido, manifestó que los líderes natos y los que practiquen la justicia originaria campesina tendrán también el derecho de impartir y aprender lo que es la jurisdicción indígena y a la vez, interiorizarse sobre la justicia ordinaria, capacitándose en la Escuela de Jueces, cuya sede será la ciudad de Sucre.
La escuela capacitará en el ámbito de los derechos humanos, así como en el derecho positivo y el derecho indígena. El contenido curricular va a ser resuelto a nivel de las jurisdicciones, luego de la elección de las nuevas autoridades del Órgano Judicial de Bolivia.
