La policía francesa desmanteló en las últimas dos semanas más de 40 campamentos ilegales de gitanos en las que vivían unas 700 personas de origen rumano y búlgaro, que serán expulsadas del país, informó ayer el ministro del Interior, Brice Hortefeux.
«En los últimos 15 días, se han desmantelado más de 40 campamentos de gitanos», con unas 700 personas «que serán repatriadas» a sus países de origen, declaró el ministro en una conferencia de prensa en Lyon. El Gobierno prevé organizar «fletes aéreos especiales» con ese fin, precisó.
Hortefeux había anunciado a fines de julio la intención del Gobierno de desmantelar en un plazo de tres meses unos 300 de los 600 campamentos de gitanos que existen en Francia, según datos oficiales.
La medida forma parte de una vuelta de tuerca de la política de seguridad del Gobierno conservador del presidente Nicolas Sarkozy, que incluye controvertidos proyectos como el de despojar de la nacionalidad francesa a personas naturalizadas que hayan atentado contra la vida de un policía.
Crítica. La eurodiputada ecologista francesa Eva Joly acusó a Sarkozy, en una columna publicada ayer por el semanario Paris Match, de practicar el «racismo de Estado». «Es una ética de la provocación», escribió.
En Ginebra, expertos del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de la ONU pusieron a Francia en la picota por la «falta de voluntad política» ante el «recrudecimiento» de actos racistas en el país de los derechos humanos. El debate, que habitualmente es técnico, tomó tono político luego de las declaraciones del presidente Nicolas Sarkozy.
El Jefe de Estado reclamó que los asesinos de policías o los polígamos de origen extranjero se vean privados de la nacionalidad francesa, y lanzó la evacuación de campamentos ilegales de gitanos.
En ese contexto difícil, la delegación francesa presentó un informe en el que enumeró las medidas tomadas desde su último examen ante el comité.
