El ex sacerdote Wilson Soria renunció a la Dirección de Régimen Penitenciario, denunciando que su gestión fue objeto de un sistemático boicot tras negarse a dar curso al pedido del ministro de Gobierno, Sacha Llorenti, de trasladar al alemán Dirk Schmidt a Chonchocoro.
A pocas horas de que entre sollozos anunciara su dimisión por lo que llamó «incompatibilidad con el ministro Llorenti», el viceministro de Gobierno, Marcos Farfán, salió al frente de las denuncias y las atribuyó a un intento de generar una cortina de humo para ocultar irregularidades.
«Por la negativa del traslado irregular de Schmidt desde Palmasola, Santa Cruz, a La Paz, se ha iniciado una serie de presiones, como por ejemplo, no apoyarme en mi gestión. Y ahora, cuando uno hace algún tipo de denuncia, no reconocen sus errores y tratan de buscar justificativos para empañar mi labor», respondió.
Soria afirmó que por 15 días se negó a dar curso al pedido de Llorenti, porque no existía argumentos legales para el traslado de Schmidt. El alemán está detenido desde julio en la cárcel de Palmasola, acusado de delitos como alzamiento armado.
Farfán reconoció que se pidió el traslado del extranjero, teniendo en cuenta que en una nota de prensa aseguraba que temía por su vida. Esta solicitud es legal, porque, recordó, las reformas penales permiten a la Dirección Penitenciaria tramitar la reubicación de presos.
La autoridad renunciante respondió que no existía riesgo para el alemán, y para reforzar su posición se remitió a un informe de la dirección carcelaria de Palmasola, que refiere: «el interno Dirk Schmidt se encontraba tranquilo en un cuarto de un pabellón, quien mencionó que el personal de la Policía brinda la seguridad necesaria y recibe buen trato de los internos».
Añadió: «Fui muy claro y honesto con el ministro de que eso (traslado) no era posible, y a partir de ese momento fuimos sujetos de una serie de presiones, a tal punto que nos sentimos sofocados».
El extranjero, junto al ex viceministro de Gobierno, Gustavo Torrico, el teniente de Policía, Christian Sánchez y Luis Fernando Prado, es acusado en La Paz por seis delitos por el caso denominado menonitas. Llorenti, en reiteradas ocasiones aseguró que el alemán es peligroso.
Farfán atribuyó las denuncias de Soria a un intento por encubrir tres irregularidades que habría cometido en su gestión, y que por las cuales se le inició procesos administrativos.
El director de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Gobierno, Fernando Rivera, denunció que Soria habilitó en abril el viaje de una persona particular a un seminario en Lima.
Además, añadió, se rehusó a despedir al director de Régimen Penitenciario, Helaquías Valeriano, tras las denuncias de tortura en la cárcel de mujeres, y que designó, sin respaldo legal, a Renato Freddy Cornejo Pastén en reemplazo del, finalmente destituido, Valeriano.
El ex sacerdote respondió que, efectivamente, solicitó un ítem y habilitó a Meri Vega para viajar a Lima, tras haber destituido al que debía cumplir esa tarea. Explicó que no podía cumplir la orden de destituir a Valeriano, pues eso hubiera implicado se pare el pago de los prediarios. «Nunca he posesionado a Cornejo; estábamos esperando su designación», aseguró.
El Ministerio de Gobierno también entregó a la prensa una carta en la que el Ministerio de Lucha Contra la Corrupción pide a Soria un informe sobre por qué solicitó al juez José Ayaviri una explicación del por qué se dispone que el ex dictador Luis García Meza sea restituido de Cossmil a su celda.
Soria anunció que se defenderá de las acusaciones y que era «consciente que debía asumir todas las consecuencias» por las denuncias que hizo en contra de Llorenti.
El fiscal del caso menonitas, Franz Contreras, tramitó el traslado de Schmidt a La Paz para tomarle declaraciones sobre la supuesta organización de una red de extorsión. Una vez cumplió la orden fiscal, fue trasladado a Santa Cruz. «Era imposible que se traslade a Schmidt a La Paz, porque no tiene condena».
En menos de un mes, en el Ministerio de Gobierno se registró la renuncia del viceministro Torrico y la destitución del director de Régimen Interior, Edgardo Vásquez. Soria informó que, antes de renunciar, envió una carta al presidente Evo Morales y que se le comunicó que hoy lo recibirán en el Ministerio de la Presidencia.
La Federación de Campesinos de La Paz, el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyo (Conamaq) y políticos opositores aplazaron la gestión de Llorenti.
La vida del párroco de El Alto
Fue sacerdote y, en esa condición, se destacó por la ayuda que prestó a las víctimas de las jornadas de violencia del 2003. Dejó el sacerdocio e incursionó en la política. Fue concejal del MAS en El Alto y de ahí fue designado Director de Régimen Penitenciario.
Aboga por no intervenir
La diputada del Movimiento Al Socialismo (MAS), Marianela Paco, consideró que bajo el carácter de independencia de poderes, la Asamblea no puede intervenir en determinaciones de carácter institucional. «Si eso (renuncia) no pone en riego la institucionalidad o genera un riesgo penitenciario, no veo que haya conflicto. Son decisiones institucionales que hay que respetar, a no ser que afecten derechos de la población boliviana», afirmó.
Ministerio de las pugnas
Para la diputada de UN, Elizabeth Reyes, se debería hacer una investigación completa sobre la gestión en el Ministerio de Gobierno, por las denuncias que existen. «Hemos visto denuncias gravísimas que afectan a la seguridad del Gobierno boliviano. Este ministerio se ha convertido en un espacio de lucha de poder y de los peores actos de corrupción, cuando debería ser una entidad preocupada de la seguridad y la lucha contra el delito y el narcotráfico».
