Según Suxo, Valle, prefecto de La Paz entre 1997 y 1999, utilizó nombres de terceras personas para legitimar bienes que poseía en diversas partes del país. «Este rebelde de la justicia ha puesto sus bienes a nombre de terceras personas. Quienes han prestado su nombre también tienen que ser procesadas dentro de lo que establece la Ley Marcelo Quiroga (anticorrupción)», aseveró la ministra.
Sobre los bienes de la ex autoridad, citó como ejemplo un hotel (Jatauba) en la provincia de Ixiamas, al norte de La Paz, que está a nombre de una empresa alemana; pero Suxo asegura que el complejo pertenece a Valle.
«Lo mismo sucede con bienes inmuebles que existen en la ciudad de La Paz y Santa Cruz», afirmó.
A quienes resultaren ser socios de estas actividades, les esperan procesos que establecen de cinco a 20 años de reclusión, de acuerdo con la Ley Anticorrupción, agregó la ministra.
El ex prefecto está acusado de una serie de delitos que provocaron daño a las arcas públicas por valor de al menos 17 millones de dólares, perjuicio que todavía afecta a la gestión de la actual Gobernación, manifestó.
Acerca de la deportación de Valle, la ministra dijo que se espera que la medida se aplique «este lunes a primera hora», luego de resolver «algunos temas administrativos».
Entretanto, el embajador de Bolivia en Perú, Franz Solano, que presentó el sábado en el juzgado peruano los documentos que avalan que Valle tiene cuentas pendientes con la justicia boliviana, declaró a la gubernamental ABI que confía en que su deportación no se judicialice y sea enviado a Bolivia, porque «no hay justificación legal de su permanencia en Lima».
El diplomático confirmó a Prensa Latina del arribo de funcionarios del Ministerio del Gobierno y de Transparencia, con «amplia documentación» sobre la situación del ex prefecto, para que sea la Dirección de Migración la que decida la deportación de «Chito», dada su permanencia ilegal en Perú.
Recordó que Bolivia y Perú tienen convenios de entrega expedita de delincuentes o fugitivos de la justicia.
De qué se lo sindica
Valle está acusado de conducta antieconómica, resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, falsedad material, falsedad ideológica, contratos lesivos al Estado y otros.
