La Fiscalía de Distrito de Potosí abrió dos procesos de investigación por los destrozos a vehículos y la tenencia de explosivos el 15 de agosto en la tranca San Antonio, durante la movilización potosina. Las autoridades judiciales no descartan incluir a dirigentes que encabezaron la protesta.
El fiscal de Distrito de Potosí, Sandro Fuertes, afirmó a La Razón que en el primer caso se abrió el proceso por lesiones ocasionadas en el enfrentamiento que se produjo entre choferes y bloqueadores, en la tranca de San Antonio, el 15 de agosto y que dejó un saldo de 24 personas heridas y el destrozo de cerca de 40 motorizados.
La segunda investigación se refiere a la tenencia de explosivos que se encontró a tres personas durante la realización de la huelga general indefinida. Al respecto, Fuertes señaló que en este caso ya se aplicaron medidas sustitutivas contra esas personas.
Asimismo, cuando radio Fides le consultó al fiscal si los dirigentes del Comité Cívico Potosinista (Comcipo) están incluidos en la investigación, la autoridad respondió: «Por el momento no están incluidos, toda vez que en las investigaciones preliminares que se han realizado, ellos no han participado en forma directa ni en las lesiones ni en la destrucción de los motorizados; por otro lado, tampoco se ha podido encontrar a ellos en tenencia o portando sustancias explosivas», dijo.
Sin embargo, señaló que «si la investigación daría como resultado su participación directa de ellos, obviamente, como cualquier ciudadano, tienen que asumir la responsabilidad penal que el caso aconseje».
En respuesta, el presidente de Comcipo, Celestino Condori, informó a este medio que no tiene información oficial sobre el tema, empero dijo que «de ser así no nos extraña que esto sea una persecución con fines de intimidar a la población». En todo caso, recalcó que «no vamos a tomar alguna acción, porque nosotros respondemos a la voluntad del pueblo potosino».
Condori recordó que en plena negociación con los ministros de Estado, en Sucre, instruyó el levantamiento del bloqueo en la tranca de Santa Antonio, Potosí. «Yo ordené el repliegue de este punto conflictivo del bloqueo para evitar enfrentamientos, para evitar derramamiento de sangre».
En el choque entre bloqueadores y bloqueados, el minero Néstor Manuel Humana (37) perdió el brazo derecho por mala manipulación de dinamita, según informó el viceministro de Gobierno, Marcos Farfán.
La Policía Boliviana actuó en ese enfrentamiento como un equipo de socorro, porque tuvo órdenes del Ministerio de Gobierno de no intervenir la zona. «No vamos a actuar como ejecución ni desbloqueo», expresó ese día el comandante de Potosí, coronel Mario Hinojosa. El 16 de agosto, luego de un consejo consultivo, la dirigencia cívica levantó una movilización que mantuvo paralizada y aislada a Potosí por 19 días consecutivos en demanda de la atención del Gobierno a proyectos de desarrollo local y a la solución del conflicto de límites que tiene con Oruro.
Esa medida de protesta mantuvo aislados por cerca a dos semanas a 130 turistas extranjeros, en su mayoría españoles y franceses, que visitaron la ciudad de Potosí y el salar de Uyuni. Entre el 13 y el 16 de agosto, representantes de Potosí y del Gobierno dialogaron en Sucre y llegaron a acuerdos en cinco de las seis demandas de su pliego petitorio.
Durante el encuentro, los dirigentes cívicos indicaron que pedirían al Gobierno garantías para no ser perseguidos, sin embargo la demanda no fue oficializada y no se incluyó en los acuerdos con el Ejecutivo.
El suceso en la tranca de San Antonio
Según versiones de los testigos del hecho, los transportistas intentaron desbloquear la zona y los bloqueadores reaccionaron lanzando piedras a los vidrios de los motorizados. Luego, los choferes quemaron las casas y pertenencias de los movilizados. El ataque duró cerca a dos horas.
Crean comisión para tema limítrofe
Una comisión mixta integrada por 100 personas intentará dar solución al problema limítrofe entre los departamentos de Potosí y Oruro, según el acuerdo inicial al que llegaron ayer las representaciones de ambas regiones.
Esa comisión estará compuesta por cuatro funcionarios del Ministerio de Autonomías, 12 representantes por departamento del Instituto Geográfico Militar (IGM), 16 de la Unidad Técnica de Límites (UTL), en estos dos últimos casos cada región enviará igual número de funcionarios de las entidades descentralizadas.
Además, cada departamento enviará a 30 representantes de las comunidades colindantes y a cuatro funcionarios de cada uno de los municipios en conflicto.
Oruro y Potosí disputan la propiedad del cerro Pahua, ubicado en el límite de estas dos regiones. El proceso que data de julio del 2002 y se denomina Coroma-Quillacas provocó una movilización potosina que duró 19 días.
«El 2 de septiembre habrá una reunión en la Gobernación de Cochabamba para un trabajo de gabinete. Luego se hará el trabajo de campo», informó el viceministro de Organización Territorial, Gregorio Aro, luego de reunirse con los delegados de las dos regiones.
Esa comisión trabajará coordinadamente con miembros de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos de Bolivia (APDHB), de la Defensoría del Pueblo, de la Iglesia Católica y de la Fundación Unir, que harán de veedores del proceso.
«Existe voluntad política para encontrar soluciones», dijo el gobernador potosino Félix Gonzales. Por su parte, su colega de Oruro, Santos Tito, pidió la pronta solución del tema para evitar conflictos en la zona.
