El Gobierno envió al frente a cuatro miembros de su cúpula ministerial para rechazar, por «parcial» e «incompleto», el informe que presentó el defensor del Pueblo, Rolando Villena, sobre el caso de los enfrentamientos con muerte en Caravani.
A la cabeza del canciller David Choquehuanca, los ministros de Gobierno, Sacha Llorenti; Defensa, Rubén Saavedra, y de Lucha contra la Corrupción, Nardi Suxo, ofrecieron una conferencia de prensa para denunciar que Villena presentó un informe basado en testimonios y denuncias de una sola de las partes.
Entre el 7 y 8 de mayo, la Policía intervino una movilización en Caranavi, en la que murieron dos personas. El informe del Defensor concluye que ambas muertes fueron producto del disparo de armas de fuego y que, además, la Policía cometió abusos esos días.
«El Ministro de Gobierno no atendió el problema de forma oportuna y se violaron los derechos humanos», dijo Villena, quien fue elegido en el cargo por la mayoría oficialista en el Legislativo. Su informe coincide con otros dos: el de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia y el de minoría elaborado por la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados.
Durante la conferencia, los ministros desvirtuaron el informe. «No es objetivo, toma algunos testimonios de algunas personas; no toma en cuenta a todos los actores y consideramos que una institución como el Defensor del Pueblo tiene que decir la verdad y actuar con responsabilidad», criticó el canciller Choquehuanca.
Dijo que Villena no actuó con responsabilidad y que el Gobierno es el «principal interesado en esclarecer los hechos» de Caranavi. Suxo defendió la intervención policial porque dijo que evitó un enfrentamiento entre civiles y pidió al Ministerio Público que realice una investigación transparente.
Antes, Villena había anunciado que enviaría su informe para que lo tome en cuenta el Ministerio Público, pero el fiscal que atiende el caso, Sergio Céspedes, anticipó que el informe no influirá en la investigación que lleva a cabo.
Llorenti dijo que la Policía no utilizó armas de fuego y respaldó su afirmación con la lectura de un instructivo emitido el día de la intervención, en el que se señala que «por disposición superior reexpresada, está terminantemente prohibido el uso de armas de fuego».
Saavedra aseguró que en el conflicto «hubo una estructura de infiltración que implicaba una acción política armada de conspiración contra el Gobierno legal y legítimamente constituido». El viceministro de Justicia, Hugo Montero, anunció que el informe de Villena «va a merecer una respuesta, un punteo analítico y en derecho, respecto a todos los vacíos que contiene, las omisiones, las contradicciones y los sesgos».
Interpelarán a Llorenti
El diputado de Convergencia Nacional Tomás Monasterios anunció ayer que la bancada de oposición planteó un acto interpelatorio en contra del ministro de Gobierno, Sacha Llorenti, por los luctuosos hechos ocurridos en la población de Caranavi y el asesinato de cuatro policías en Uncía, Potosí.
Dijo que el Legislativo recibirá a Llorenti el 9 de septiembre, para conocer quién dio la orden del uso de armas de fuego y las circunstancias en las que se produjo la «represión» policial a los pobladores de Caranavi.
«Queremos ver si el Gobierno respeta su principio del ama llulla (no mientas). Lo que pasó en Caranavi fue un evidente abuso de poder y la irresponsabilidad del ministro Llorenti que apeló a la fuerza y negociar una vez más sobre dos muertos los compromisos incumplidos por el Gobierno», dijo.
La interpelación fue planteada tras conocerse los informes de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos y del Defensor del Pueblo, que mencionan que hubo abusos. ANF
