La Contraloría General del Estado presentó ayer en Santa Cruz una denuncia contra el gobernador, Rubén Costas, por la compra irregular en abril del 2007 de 40 vehículos en 8,5 millones de bolivianos, provenientes del impuesto a los hidrocarburos.
Costas, junto a Roly Aguilera (secretario general de la Gobernación) y José Luis Parada Rivero, es acusado por los delitos de malversación, incumplimiento de deberes y conducta antieconómica.
Además de las ex autoridades están acusados los ex funcionarios de la entonces Prefectura, Fernando Soria Galvarro Bort y Miriam Cecilia Limpias Torres. La denuncia fue presentada por el gerente departamental de la Contraloría, Alfredo Villca.
La compra de los 40 vehículos, según la denuncia, no estaba contemplada en el presupuesto de ese año y fue pagada con dinero proveniente del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), que no puede ser usado en ese ítem.
El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) fue delegado para adquirir el lote de vehículos. Eso es contrario a la responsabilidad de la función pública y contraviene el mecanismo del Sistema de Administración de Bienes y Servicios, se señala.
DISPOSICIÓN. Para respaldar estos gastos (Bs 8.430.908) se emitió un documento falso que certificaba la inscripción de recursos para esta compra, misma que no tenía presupuesto aprobado ni estaba programada, refiere el informe de la Contraloría. El secretario de Hacienda de la Gobernación, José Luis Parada, calificó la denuncia como otro factor de persecución política.
«Las 40 camionetas fueron adquiridas por el Programa de Naciones Unidas. No las compró directamente la Gobernación porque fue vía un proyecto que fue aprobado en el Viceministerio de Inversión Pública. El costo fue de 18 mil dólares, cuando en el mercado cuestan 24 mil», afirmó.
Éste es el segundo proceso que enfrentará Costas. El primero que le instauró el Gobierno es por el uso irregular de dineros en el referéndum de aprobación del estatuto autonómico, en mayo del 2008. También le iniciaron procesos el vicepresidente Álvaro García y el fiscal del caso terrorismo, Marcelo Soza, por desacato.
La Contraloría presentó otra denuncia por falsificación de facturas por un valor de 124.881 bolivianos en el 2008. Juan Pablo Paz Soria, profesional de la Secretaría Departamental de Seguridad Ciudadana, es el acusado. «No pueden ser falsificadas por ningún funcionario de la Gobernación», respondió Parada.
