La Contraloría General del Estado interpuso una denuncia contra el ex prefecto de Tarija, Adel Cortez Maire, y otros funcionarios, por un daño económico al Estado de 3,1 millón de bolivianos.
«Por denuncias, la Contraloría programó la auditoría por la adquisición de motores en mal estado a la empresa Cumming. El informe determinó un daño económico al Estado, es por eso que se presentó la denuncia en contra del ex prefecto Adel Cortez Maire y del ex secretario general, Melciades Peñaloza en la gestión 2006», informó Carmen Rosa Ortiz, gerente departamental de la Contraloría en Tarija.
Los motores destinados a proveer energía eléctrica a poblaciones de Bermejo y Entre Ríos, en la gestión 2006, presentaron fallas que causaron el reclamo de los pobladores y la posterior auditoría.
La denuncia es contratos lesivos al Estado y conducta antieconómica para el ex prefecto tarijeño, y por conducta antieconómica para el ex secretario general.
«La denuncia fue interpuesta en cumplimiento del Código de Procedimiento Penal, que establece que los funcionarios públicos tienen la obligación de denunciar los delitos de acción pública que conozcan en el ejercicio de sus funciones», explicó Ortiz.
El gobernador Mario Cossío también tiene instaurado un proceso por el referéndum autonómico del 2008.
